Es un acuerdo ante un problema que no pocos consideran un abuso, aunque está lejos de generar concenso. El martes por la tarde, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), llegó a un acuerdo con la agrupación “No+TAG” y gremios de camioneros, el que implica varios beneficios.
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Entre ellos se cuenta un descuento del 80% del total adeudado, siempre y cuando se pague completamente el 20% restante y regularice el permiso de circulación; un convenio para motos que consiste en que podrán pagar 50% de la tarifa; y un plan de tarifas para quienes usen constantemente las autopistas urbanas.
El acuerdo generó críticas en las redes sociales, donde se apuntaba a las prioridades que tiene el Gobierno respecto de las demandas sociales, mientras otros ponían como ejemplo la deuda aún sin resolver del crédito CAE.
Ayer el ministro del MOP, Alfredo Moreno salió a defender el pacto alcanzado, descartando que haya un “perdonazo”. “En primer lugar esto es por única vez, solo para la deuda que haya hasta el 30 de noviembre de este año, pero adicionalmente a eso, lo que la persona tiene que pagar ese 20%, es una cosa que es una estimación de lo que va a pagar la gente de aquí en adelante, que es la deuda, la multa normal, que tiene todo el mundo, que es una por día», aseveró.
Aunque los expertos tienen varios reparos. Franco Basso, director del Centro de Innovación en Transporte y Logística de la U. Diego Portales, es tajante al señalar que “se trata de una prioridad mal enfocada y que debiese tratar de corregirse”.
En ese sentido, remarca que el foco debiera estar en el transporte público y “gastar dinero estatal como se ha estado haciendo para que la gente pueda o pagar menos o dejar de pagar sus multas en las autopistas urbanas, es algo que va contra todo lo que se ha estado abogando, tanto en términos de contaminación como de congestión”.
Pero el académico también critica el primer anuncio que se hizo del tema, en cuanto a eliminar del reajuste de 3,5% extra al IPC que se aplica a las tarifas anualmente. Considera esto regresivo, “por cuanto la gente que utiliza las autopistas incluye en un porcentaje muy muy considerable a gente de medianos y altos ingresos”.
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Al respecto entrega datos relevantes como que según la última encuesta de “Origen y Destino” del Ministerio de Transportes, 20% más rico realiza 70% de sus viajes motorizados en auto. “Uno esperaría que patrones como ese se repitieran en las autopistas. De hecho 40% de los viajes que se hacen en autopistas urbanas van o vienen del sector oriente”, añade.
Quien también muestra sus reparos es la ex ministra de Transportes, Paola Tapia. Si bien señala que “todas aquellas medidas que tiendan solucionar legítimas demandas hay que atenderlas”, indica que esta en concreto deja en el aire a quienes sí pagaron sus deudas lo que hace que parezca que que “es mejor no haber pagado a cumplir con el deber de pagar”.
Otro punto que pone sobre la mesa la actual directora de la carrera de Derecho en la U.Central, es respecto a la condonación de las multas, ya que dice que “claramamente vamos a ver perjudicado el ingreso municipal” de diversas comunas.
Para Basso, esto “es absolutamente injusto, por cuanto los municipios van a dejar de recibir dinero que es tremendamente necesario para distintas obras y proyectos sociales”.
“Si uno mira la ley y los números potencialmente, claro que hay un perjuicio a los municipios”, expresa Rodrigo Delgado, presidente de la Comisión de Transportes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), ya que aclara que “en teoría las multas de TAG, va en 50% al municipio donde se originó la multa donde está ubicado el pórtico y el otro 50% al fondo común municipal”.
Pymes y camioneros
Por otro lado, ambos insisten en que el gran problema del acuerdo es la falta de focalización. Y son las pequeñas y medianas empresas, además de los camioneros los que entran al ruedo.
Salas plantea que el pacto “debiera considerar la situación económica de las empresas que por ahí circulan”. Y Basso plantea que “se podría haber avanzado en un registro de pymes, para que en esos casos se disminuyera el pago del TAG”.
Pero el académico de la UDP apunta también a los camioneros que son parte de los beneficiados. “Este grupo es ya uno que tiene distintos beneficios tributarios, entre ellos la devolución de 80% del impuestos específico del diésel, por lo tanto, que se le generen nuevas ventajas para grandes empresarios del transporte y carga no parece razonable, sí se podría haber avanzado en algo más focalizado”, subraya.
Los permisos falsos
Sin embargo, para el alcalde Delgado, hay otro problema más urgente y que este acuerdo no lo incluye, pese a que señala que lo ha conversado con el ministro Moreno. “Tiene que ver con la falsificación de los permisos de circulación, porque una persona que tiene una deuda abultada por concepto de multa de TAG, lamentablemente hoy está prefiriendo pagar un permiso falsificado y no pagar su multa”, dice.
Explica que el pacto alcanzado donde solo parte de la multa adeudada del TAG, “pudiese seguir el incentivo de comprar un permiso falsificado versus pagar ese 20% de repactación, por lo tanto, para que este acuerdo sea importante y robusto en términos de proteger a los municipios y los ingresos municipales, tiene que sí o sí contemplar una medida, ya sea administrativa o tecnológica para evitar la falsificación”.
