La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó por unanimidad el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público, luego de que el Tribunal Oral Penal de Calama absolviera a una mujer acusada de cometer el parricidio de uno de sus hijos y causar lesiones a otro. Antes del juicio, estuvo un año y tres meses en prisión preventiva.
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La Defensoría Penal Pública informó que los hechos que motivaron este proceso ocurrieron en septiembre de 2014, cuando la madre concurrió a la Clínica El Loa con su hijo de dos meses sin signos vitales. Los médicos intentaron reanimar al pequeño, pero según se pudo acreditar, ya llevaba algunas horas fallecido. La mujer, además, era madre de otro niño de un año y tres meses.
Conocido el hecho, la mujer fue detenida e investigada. De inmediato se puso en evidencia que tenía antecedentes de consumo de droga y una funcionaria de Sename puso en duda sus habilidades parentales. Además, el Sename se hizo parte en la causa, a través de una querella por cuasidelito de homicidio.
La fiscalía, en tanto, formalizó a la imputada por homicidio culposo recién en noviembre de 2016. Sin embargo, en diciembre de 2017, tres años después de la muerte del menor, la fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en su investigación contra la imputada.
No obstante, luego de los escándalos mediáticos que golpearon a Sename a nivel nacional por las muertes de niños, niñas y adolescentes en distintos centros administrados por ese servicio, se revisaron numerosas causas, entre ellas la de esta mujer calameña.
La investigación
En junio de 2018 la mujer fue citada nuevamente a declarar. Concurrió voluntariamente y de inmediato quedó privada de libertad, pues su caso fue reabierto. Después de cuatro años desde la muerte de su hijo se realizó entonces una segunda pericia y se tomó declaración a los mismos testigos que ya habían declarado ante el Ministerio Público antes de que éste decretara el cierre de la investigación por la facultad de no perseverar.
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También se efectuaron planimetrías, se sacaron nuevas fotografías y se buscaron nuevos antecedentes, para finalmente formalizarla como autora de los delitos consumados de parricidio y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.
Desde ese momento, la mujer estuvo un año y tres meses privada de libertad, para que finalmente, tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta al recurso del Ministerio Público, se diera definitivamente por cerrado su caso, luego de que no se pudiera acreditar que la muerte del infante haya sido provocada por ella.
En el juicio oral, los defensores públicos Hernán Díaz y Alvaro Gazón señalaron que “hay un elemento a considerar que es el prejuicio. Esta madre fue formalizada por primera vez casi dos años después y luego se le comunica una decisión de no perseverar».
«Ahora, en el contexto de investigación de las causas del Sename, es nuevamente formalizada, pero además sujeta a prisión preventiva. Gran parte de los indicios se sostienen en prejuicios, frente a su condición de consumidora de droga», enfatizaron.
Según ambos abogados, «se estableció por prejuicio que ella lo mató. Sin embargo, una cosa es señalar apreciaciones y otra cosa es la prueba. Había prejuicio social. Nada importa que hayan pasado cuatro años y toda la contaminación de las declaraciones. El caso conmueve, era un niño de dos meses y se buscaba una responsable. Sin embargo, no se buscaron hipótesis alternativas, como la de muerte súbita”.
En sus alegaciones ante la Corte de Apelaciones, el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos Pardo, expuso que “en cuanto a la sentencia recurrida, el tribunal estimó que no había antecedentes para determinar la intervención de terceros en la muerte del lactante y, en este sentido, la metapericia médico legista incorporada por la defensa fue relevante para convencer al tribunal. Además, la pericia daba cuenta de una serie de omisiones y errores que impedían establecer con certeza que existiese una muerte causada por la imputada”.
