“Yo creo que ya es hora que los abusos de cuello y corbata tengan penas de cárcel duras y efectivas”. No se trata de una declaración de alguien que ha marchado o de dirigentes sociales, sino que del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, expresadas en una entrevista a radio Cooperativa el martes.
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El líder de los empresarios vuelve a llamar la atención por sus dichos, ya que anteriormente habló de que hay que meterse las manos al bolsillo en medio de esta crisis social. Sin embargo, esta última declaración sorprende, dado la cantidad de casos de delitos de ese tipo –tales como las colusiones o los relacionados a campañas políticas- que han terminado con condenas sin reclusión, juicios abreviados o salidas alternativas.
Sin embargo, quienes abogan por penas ejemplificadoras lo vienen haciendo hace rato, pero además hacen hincapié en un aspecto que puede ser fundamental: el trato desigual en los delitos. “Tenemos que hacer un esfuerzo de ver qué política criminal implementar, para que definitivamente estos delitos sean sancionados con la gravedad que tienen”, sostiene María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público.
Por ejemplo, indica que las agendas antidelincuencia de lo diferentes gobiernos se puso un acento en aumentar las sanciones para los delitos contra la propiedad, como el robo, hurto, etc, “y eso no se ha visto equiparado con los delitos de cuello y corbata y de corrupción”.
En los últimos años ha habido avance. Uno de esos es la ley anticorrupción publicada hace un año, implica aumento de penas para delitos de corrupción, que incluyen penas de crímenes (superiores a 5 años y un día de privación de libertad) , lo que implicará limitar la posibilidad de beneficios o penas sustitutivas. También en materia económica, el delito de colusión volvió a tener como pena la cárcel.
Sin embargo, uno de los puntos en cuestión es que “muchas veces estas personas cometen estos delitos por primera vez y, por lo tanto, tienen irreprochable conducta anterior y eso implica que se les aplique el mínimo y termina siendo una condena menor que no implica cárcel efectiva”, dice Jaraquemada.
Por otro lado, para Marco Flores, abogado penalista y académico de la U. Mayor, cuando las empresas se coluden, por ejemplo, no se ve desde el punto de vista penal. “No se trata de meter presa a la empresa” dice, pero considera que debiera evaluarse “sanciones como la disolución de la sociedad o pago de multas extremadamente altas”.
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Símbolico en este tema resulta ser el último caso que involucra a Gabriel Ruiz-Tagle. El expresidente de Blanco y Negro fue multado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por usar información privilegiada al comprar acciones de la concesionaria de Colo Colo, aunque por autodenunciarse tuvo una sanción rebajada de 7.500 UF ($211 millones), lo que le permitió ganar $142 millones por el cuestionado negocio.
Medidas preventivas
Jaraquemada subraya que Chile le falta ponerse a la par del mundo, como lo que sucede en EEUU u otros países de América Latina, incluso. “Sin ir más lejos, en Perú en Brasil hemos visto como empresarios, políticos sí tienen condenas de cárcel efectiva y, por lo tanto, yo creo que ese es el modelo que hay que empezar a mirar con más detalle”, asevera.
Pero para Flores hay otro punto clave. “Tenemos ley de lobby, se obliga que autoridades tengan agenda píblica, pero nos faltan acciones de carácter preventivo”.
En ese sentido, considera que se debiera obligar a las instituciones a ser más transparentes. Desde el sector público, coloca el ejemplo de EEUU, donde las autoridades están obligadas a usar sus correos institucionales y Hillary Clinton fue investigada por el FBI por usar su email personal.
Y Flores lo compara con el caso Caval, donde Sebastián Dávalos mandó a formatear el computador que usaba cuando trabajaba en La Moneda. “Si eso hubiese ocurrido en EEUU, eso es constitutivo de delito”, apunta.
