Cuando el concepto de abuso es uno de los que más resonó en las masivas protestas que se han sucedido desde que partió la crisis social, faltaba de parte del Gobierno abordar los delitos de cuello y corbata que están contenidos en esta demanda social.
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Pero el Presidente Piñera abordó este punto en su “Agenda antiabusos”, presentando una serie de propuestas como el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para enfrentar la colusión, además de mayores penas cuando se incurra en este delito en productos y bienes básicos como alimentos y medicamentos.
El Mandatario también anunció un aumento de las sanciones penales y las multas para los delitos tributarios. Sin embargo, hay aspectos que incluso no fueron considerados de la propuesta que el Ministerio Público le hizo al propio Gobierno la semana pasada.
Es la crítica que hace el ex fiscal Carlos Gajardo. En conversación con Publimetro, señala que valora algunas propuestas que considera interesante como sancionar más severamente los delitos antes mencionados, la figura del denunciante anónimo y que se eleven las penas por uso de información privilegiada.
Sin embargo, a su juicio, no es que haya letra chica en los anuncios, sino que “letras grandes”, apuntando a la necesidad de que la Fiscalía pueda investigar delitos tributarios o de colusión solo cuando hay denuncia de las instituciones como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la FNE.
Acusa que “cuesta entenderlo, porque esa ha sido una solicitud que ha hecho el Ministerio Público desde (el ex fiscal nacional) Sabas Chahuán”. Asegura que “no hay razones técnicas” para ello y afirma que es mejor “derechamente sincerar y decir que no se quiere criminalizar esas conductas”.
Por otro lado, recuerda que ya en 2016 se aumentaron las penas para quienes se coludan, pero ejemplifica que desde entonces “no se han iniciado causas por colusión en tres años y esto tiene que ver con la dificultad para que esos casos sean investigados”, debido al requisito previo del castigo que imponga la FNE.
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Diferencia de trato
Para Gajardo hay una razón para que no se avance en que el Ministerio Público tenga más acceso a investigar esos tipos de delitos de cuello y corbata, es decir que esos casos no solo tengan sanciones administrativas, sino que tambien recaiga la acción penal.
“Tiendo a atribuírlo a la desconfianza de la clase política a la labor de la Fiscalía”, expresa y añade que esto se dio sobre todo luego de los bullados casos Penta y SQM, donde “la clase política sintió que no tenía control”.
Otra cosa que el ex fiscal echó de menos en los anuncios de Presidente es otorgar más igualdad de trato con los delitos comunes. “Lo que la ciudadanía pide es que junto con las multas, también existan penas de cárcel”, recalca.
También critica que nada se dijo respecto de establecer una responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir de las empresas, donde propone sanciones más gravosas como la disolución de aquellas compañías que incurran en dichas malas prácticas.
