La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido informada de una serie de violaciones a los derechos humanos en Bolivia. Estas habrían ocurrido durante las protestas realizadas en el país, donde hasta el momento fallecieron 35 personas. Ante esto la CIDH recomendó realizar una investigación internacional sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas, esto tras realizar un informe preliminar al visitar al país, donde la organización manifestó su “condena a las masacres de Sacaba y Senkata, en las que se habrían cometido graves violaciones de los derechos humanos”.
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El Instituto de Investigaciones Forenses estableció que 27 de las víctimas fallecieron por disparos de armas de fuego pero el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sugirió que las muertes pudieron ser provocadas por infiltrados con la supuesta intención de culpar al gobierno.
Cabe destacar que las movilizaciones en Bolivia comenzaron tras las el proceso electoral realizado el 20 de octubre.
Ante la decisión de realizar una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, desde el gobierno interino boliviano señalaron que “estamos plenamente de acuerdo que haya una investigación internacional imparcial la que determine y califique los hechos de violencia ocurridos en Bolivia”.
Hasta el momento, se detectó la muerte de 18 seguidores del expresidente Evo Morales. La mayoría de estas fue provocada por armas de fuego. Cuando ocurrieron los hechos el ministro de Defensa, Fernando López, dijo que los proyectiles utilizados no eran de las fuerzas armadas.
La CIDH también recomendó al gobierno “adoptar medidas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido violencia contra la población civil, del bando que sean”.
Derecho a asilo
La Organización de Estados Americanos (OEA), también se ha mantenido al tanto de la situación, por lo que decidió pedir que se entreguen “los salvoconductos a las personas asiladas en las embajadas de México y de Argentina”, para que puedan ejercer su derecho al asilo y refugio.
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Según las autoridades, por el momento, 25 personas están a la espera de este documento en la embajada de México , entre ellos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, contra quien el gobierno inició una demanda penal por sedición y terrorismo, acusación similar a la que enfrenta Evo Morales, quien es acusado de «alentar la convulsión».