Qué tan antiubusos son las medidas pro consumidor anunciadas por el Gobierno

Expertos en derechos del consumidor valoran anuncios porque transparenta información, aunque expresan que estas medidas debieron ir en paralelo a la reforma que se hizo recientemente a la entidad.

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Publimetro Chile
Por Pablo Contreras Pérez

Antenoche en cadena nacional, el Presidente Piñera presentó su llamada “Agenda anti abusos”, con una serie de medidas, tanto para perseguir los delitos de cuello y corbata, pero también para fortalecer la posición de los consumidores.

Si bien en las redes sociales se criticó que algunas de las propuestas ya habían sido expuestas anteriormente, hay otras que son valoradas por especialistas. En general, apuntan a emparejar la tan desvalanceada cancha que hay entre las personas y empresas, considerando mayor transparencia.

Una de las medidas apunta a uno de los reclamos más recurrentes: el pago de seguros, esto mediante una plataforma que permitiría saber cuáles tenemos contratados, ya sea por un crédito o una tarjeta.

“Apunta correctamente a lo que tiene que pasar en derecho del consumidor, teniendo presente que gran parte del problema es el desconocimiento de las personas cuando firman contratos con instituciones financieras”, sostiene Marcelo Godoy, director del Magíster en Derecho de la Empresa de la U. Mayor

Coincide Felipe Bravo Alliende, profesor de Derecho de la U. Católica, quien rescata que “lo positivo del anuncio es que la información pueda ser conocida por los consumidores de manera inmediata, y con la posibilidad de solicitar la cancelación de los seguros no deseados a través de un sitio web”.

El punto sería ¿qué tan fácil sería renunciar o deshacerse de esos seguros que nunca pediste? “La ley establece que los seguros son voluntarios, y que las personas pueden dejarlo sin efecto cuando estimen conveniente”, afirma este experto en derechos del consumidor, por ello recalca que la medida es positiva porque, precisamente, “para hacer esto se requiere conocer de la existencia de estos seguros”.

Relacionado a ello, es otra de las medidas y que apunta a que sea tan fácil terminar un contrato de un servicio como cuando se firma, porque quién no ha pasado por el vá crucis que significa dar de baja el TV cable o el plan de intenet, por dar algunos ejemplos. Aunque aquí solo tenemos el anuncio y falta el detalle.

“Si se crea una plataforma digital donde los contratos de adhesión de los proveedores deben inscribirse, por ejemplo, sí es un anuncio relevante para efectos de poder controlar de manera administrativa las llamadas cláusulas abusivas”, sostiene Bravo.

Otra de las medidas apunta a los textos escolares, aunque lo anunciado por el Gobierno no recoge en principio todas las acciones recomendadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en abril, cuando publicó un estudio que hizo a este mercado, las que implicarían un ahorro de hasta 30% en la impresión de textos en el sector público, mientras que para los precios del sector privado caerían 25% en el corto plazo y 70% en el largo plazo.

El Gobierno pretende que los establecimientos educacionales que los exigen, entreguen a los apoderados todas las opciones e información necesaria para que estos puedan comprar los textos más económicos que necesitan sus hijos.

Al respecto el profesor de la U. Católica es cauto y afirma que “va en la línea correcta, pero no basta solo con más información”. Añade que la FNE propuso más medidas, “pero hay que ver cómo se ejecutan en realidad. Por de pronto, mayor información no soluciona el problema”, insiste.

¿Sernac más reforzado?

Recién en marzo pasado entraron en vigencia los cambios realizado a la ley de consumidor, las que implicaron un reforzamiento del Sernac, con nuevas facultades, pero cuyas normas pasaron por el cedazo del Tribunal Constitucional. Por ello, cabe preguntarse si esa reforma a la entidad se quedó corta.

“Yo creo que lo primero es que Sernac debiera tener una reforma protente”, sostiene Godoy, aunque aclara que las modificaciones debieran apuntar a reforzar su institucionalidad más que darle herramientas, con más fiscalizadores y teniendo equipos jurídicos más potentes. De hecho no descarta que la entidad subiera su rango, para pasar de un servicio a ser una superintendencia.

En tanto, Bravo señala que “la reforma del Sernac no tocó temas sustantivos, es decir, buscaba mejorar los procedimientos pero no los derechos”.

En ese sentido, su opinión es algo diferente, ya que señala que los proyectos de ley en tramitación actual, como las medidas anunciadas “sí me parece que se enfocan en mejorar los derechos de los consumidores más allá de los procedimientos, aunque reconoce que “siempre es posible volver a intentar modificar institucionalmente el Sernac y los juicios en materia de policía local, que son muy lentos y terminan con la frustración de los consumidores”.

 

Medidas anunciadas por el Presidente Piñera

  1. Terminar con la letra chica en los contratos de adhesión, a través de una Plataforma Digital en Sernac, que permitirá a los consumidores poner término a los contratos que no deseen mantener, con la misma facilidad con que los adquirieron.
  2. Establecer un Sistema de Consulta en Línea para que todos los ciudadanos puedan conocer los seguros que mantienen vigentes y cancelar los seguros desconocidos o no deseados. Adicionalmente, se ampliará la obligación de licitar los seguros que se vendan asociados a otros productos, para reducir su costo para los usuarios.
  3. Establecer en forma simple y transparente los términos y condiciones del comercio electrónico y prohibir el cobro de comisiones que no correspondan a prestaciones efectivas.
  4. Transparentar la venta de textos escolares, de forma que los establecimientos educacionales que los exigen, entreguen a los apoderados todas las opciones e información necesaria para que estos puedan comprar los textos más económicos que necesitan sus hijos.
  5. Eliminar trámites notariales innecesarios, establecer las operaciones y trámites que deberán ser prestados digitalmente y reducir los cobros de los Conservadores de Bienes Raíces.
  6. Establecer la Portabilidad Financiera para que los deudores puedan elegir la institución financiera que les ofrezca las mejores condiciones, intereses y comisiones, evitando así abusos cuando los clientes están cautivos.
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