Acusación constitucional contra el Presidente Piñera no fue aprobada

Luego de una larga jornada en la Cámara Baja, se aprobó la "cuestión previa". Con esto no se analizará el fondo de la acusación con la que se pretendía destituir al Mandatario.

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Publimetro Chile
Por Consuelo Rehbein

Con un total de 79 votos a favor y 73 en contra la Cámara de Diputados aprobó "la cuestión previa" respecto a la acusación constitucional contra el Presidente. ¿Qué significa esto? Que no se analizará el "fondo" de la misma, con la que se pretendía destituir a Piñera. Es decir, la acusación por la responsabilidad ante las "graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos desde el estallido social” y "de haber infringido la Constitución", no procede.

Era un escenario que ya habían previsto varios parlamentarios. Algunos diputados de la Democracia Cristiana y el Partido Radical ya habían manifestado que no respaldarían el documento argumentando que éste no contaba con los “requisitos mínimos de admisibilidad”. El mismo argumento fue utilizado por Juan Domingo Acosta, abogado del Presidente Piñera y quien presentó su defensa en la mañana. El resultado fue valorado por Chile Vamos. Además de los parlamentarios correspondientes, se encontraban presentes los ministros Felipe Ward de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel de Interior y la vocera Karla Rubilar, miembros del Comité Político.

Defensa de Piñera

La jornada comenzó con la defensa del mandatario, donde el abogado Juan Domingo Acosta, sostuvo que en la acusación presentada por un sector de la oposición "se fundan en hechos que están siendo investigados según las autoridades pertinentes. Se habla en la acusación de "posibles hechos". El abogado agregó que la acusación "no es admisible, no cumple con los requisitos de la Constitución de la República". Otro punto destacado por Acosta es que no se le imputan actos al Presidente "como debieran haberse imputado para que una acusación pueda ser admisible, solo omisiones".

"Dos, no se imputan actos personales, sino de otros. Y en lo referente a haber tolerado, no son acciones que se imputen ni actos de administración”, agregó. Acosta también hizo énfasis en la administración del Presidente: "Aquí no hay incumplimientos. Todas las instituciones de nuestro país han funcionado", dijo.

Opiniones durante la jornada

Comenzaron el debate los diputados integrantes de la comisión que revisó la acusación. El primero de ellos fue Gastón Saavedra (PS) y señalo que "al Presidente, en este caso, se le imputan decisiones, conducentes a acciones y omisiones, que luego habilitaron o permitieron la actuación material de otros agentes estatales aguas abajo, de manera tal que la responsabilidad por estos actos le resulta plenamente atribuible". Saavedra agregó "con dolor y con pesar debo sostener que de acuerdo a los antecedentes allegados a la Comisión, no hay otra conclusión posible que afirmar que en Chile, se produjeron violaciones graves y extendidas a los Derechos Humanos”.

Daniel Verdessi (DC), también miembro de la comisión, sostuvo que "a medida que pasaron las horas del estado de emergencia, fue recrudeciendo la violencia represiva hasta cuestionar cuán necesaria, razonada, oportuna y proporcional estaba siendo la política pública. Nueve días duró la vigencia del estado de excepción constitucional, y sólo al quinto día el gobierno vino a reaccionar ante un cuadro a esas alturas dantesco". Pero la comisión también contaba con parlamentarios del oficialismo, en esa línea, Gastón von Mühlenbrock (UDI) dijo que “los acusadores no identifican ninguna acción u acto del presidente que se pueda considerar como un consentimiento expreso o positivo para que en nuestro país se violaran los DD.HH. de forma sistemática y generalizada”. Por su parte, Sofía Cid (RN) señaló que  “no se han aportado antecedentes fidedignos que permitan configurar los cargos formulados".

¿Qué se pedía?

La jornada concluyó con la votación. Cabe señalar que este libelo fue el único que contó con las firmas necesarias para iniciar el proceso y que había sido presentado por Carmen Hertz (PC), Emilia Nuyado (PS), Carolina Marzán (PPD), Tomás Hirsch (PH), Gael Yeomans (Convergencia Social), Claudia Mix (Comunes), Jorge Brito (RD), Daniel Núñez (PC), Esteban Velásquez (PEVS), Vlado Mirosevic (PL) y Jaime Naranjo (PS). Hubo una segunda propuesta, presentada por Pamela Jiles, que no logró reunir las firmas.

En el escrito analizado se pedía la destitución de Piñera acusando una serie de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos durante las manifestaciones, además de haber comprometido “gravemente el honor de la nación” y de haber “infringido” la Constitución.

 

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