El Gobierno, a través de la Misión Permanente de Chile ante la ONU en Ginebra, respondió al informe de la misión enviada por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), que concluyó que desde el 18 de octubre pasado se registró un «elevado número de violaciones graves» a los DD.HH.
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Según la respuesta oficial, «en algunos casos, el informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país».
En ese sentido, el Gobierno reiteró «la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia».
En todo caso, el Gobierno agradeció a la Acnudh «por la celeridad con la que concretó su visita y por la disposición que tuvo su misión para recabar informaciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil».
En cuanto a las orientaciones y recomendaciones, dijo que «son bienvenidas, ya que tienen como objetivo mejorar prácticas en materia de derechos humanos, siendo estos una prioridad para el Estado de Chile. Sus recomendaciones contribuirán al análisis integral a que estamos abocados, en esta importante materia».
Los principales cuestionamientos del Gobierno son los siguientes:
– Muertes: en relación a la afirmación de 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, cabe señalar que de esas 4 podrían atribuirse a agentes del Estado, tal como lo señala el Informe. Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficas. Todos los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público.
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– Lesiones Oculares: el Informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, proporcionadas por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador. Entre el 18 de octubre y 02 de diciembre se han atendido a 239 pacientes, de los cuáles 16 han sufrido pérdida total de la visión un ojo y 75 tienen visión normal. 148 pacientes están en evaluación de recuperabilidad. Adicionalmente, el Gobierno lamenta profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos.
– Ejecuciones Extrajudiciales: no corresponde utilizar esta figura en un país donde funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público. Sólo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente.
– Libertad de la Prensa y Defensores de Derechos Humanos: el informe no entrega antecedentes que demuestren la existencia de represalias o restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos y al ejercicio de libertad de expresión y de prensa, por parte del Estado. Por el contrario, la colaboración ha sido total y permanente, lo cual ha sido públicamente reconocido por las instituciones involucradas. El funcionamiento de los medios escritos radiales y de televisión dan cuenta de una amplia y libre cobertura de los hechos. Durante los 7 días en que hubo toques de queda, 1.411 salvoconductos fueron entregados al INDH, 1.082 a abogados y 1.746 a periodistas para desempeñar su labor.
– Hostigamiento a Líderes Estudiantiles: el Informe hace referencia a un único caso, que corresponde a una estudiante aprehendida por el quebrantamiento del toque de queda, no existiendo antecedentes que permitan afirmar que existió hostigamiento.
– Personas Detenidas: el Informe señala que muchos de ellos son “jóvenes sin antecedentes penales”. Al respecto, cabe precisar que 78% de los casos registran al menos una detención previa. Además, 81% de los detenidos por saqueos había sido arrestado al menos una vez antes y 63% de los detenidos por desórdenes había sido detenido con anterioridad. El Informe se refiere a detenciones indiscriminadas y arbitrarias. Al respecto, cabe clarificar que el 95,1% de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia.
