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Ministro de Vivienda denunció red de corrupción en entidades públicas con daños por $900 millones

El Ministerio Público investiga a un grupo de funcionarios del departamento de Informática del Minvu, quienes se habrían organizado para realizar licitaciones y recibir pagos de los proveedores.

El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Cristián Monckeberg, reveló que la fiscalía ha realizado pesquisas y diligencias en otros ministerios, tras detectarse una eventual red de corrupción al interior de esta secretaría de Estado y donde habría enriquecimiento ilícito por $900 millones.

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Monckeberg, se refirió esta tarde a la investigación que se lleva adelante la fiscalía Centro Norte y que está ligada a posibles cohechos, fraude al fisco y lavado de activos, hechos que se habrían perpetrado entre el 2014 y 2018.

Según el secretario de Estado, los hechos estarían relacionados a un «proceso de compras o licitaciones irregulares asociadas también eventualmente a delitos en temas informáticos, compras de computadores, licencias, softwares», explicó.

Asimismo, el ministro de Minvu precisó que se «están haciendo investigaciones eventuales en varios ministerios más como es el MOP, Educación, entiendo que Segpres, pero principalmente donde hay detenidos y responsables es aquí».

«Al parecer todo partió de aquí y les permitió (a los detenidos) operar en otras licitaciones de ministerios», añadió, puntualizando que de los 20 detenidos por este caso, cinco pertenecían a su cartera.

«Lo que se detectó es un enriquecimiento ilícito y una poca justificación de los ingresos de ciertos funcionarios. Estamos hablando de $800 millones, $900 millones», comentó.

Monckeberg, se refirió la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un posible caso de corrupción al interior al interior de la cartera, situación que calificó de «indignante».

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El Ministerio Público investiga a un grupo de funcionarios del departamento de Informática del Minvu, quienes se habrían organizado para realizar licitaciones y recibir pagos de los proveedores.

Los mismos habrían formado “sociedades fachadas” para prestar servicios informativos a otros ministerios y cobrar comisiones por dichos contratos (no realizados o realizados por terceros).

La investigación, que se inició en marzo de 2018, concentraría hechos ocurridos durante la administración del Gobierno anterior, entre 2014 y 2019.

Ya habrían unas 20 personas detenidas, las cuales serán puestas mañana (sábado) a disposición del séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, según informó BioBioChile.

 

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