En una maratónica jornada sabatina, fueron formalizados en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, los 6 funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 15 particulares, que tejieron una extensa red de corrupción, consistente en «privilegios» a ciertas y determinadas empresas, al momento de licitar compras de entes públicos.
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Con diversas pausas, comenzó al mediodía y finalizó a las 21.19 pm informó el Poder Judicial.
Las medidas parciales impuestas fueron firma semanal en las comisionarías más próximas a los domicilios de los formalizados, arraigo nacional y prohibición de comunicación entre ellos, salvo quienes tengan algún grado de filiación.
Este domingo a partir de las 10.30 am, prosigue el acto de formalización, en especial para determinar las prisiones preventivas.
Según los antecedentes previos, en total son 21 los acusados por cohecho, fraude al fisco y lavado de activos al interior de la cartera de Gobierno, entre los cuales estarían funcionarios del área de informática.
En el proceso de formalización se detallaron con suma precisión las rutas de complicidades, de testaferros, de formar de favorecer a empresas en las cuales los acusados tenían propiedad accionaria.
El fiscal Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, señaló que la investigación inició en marzo de 2018, por hecho que datarían desde 2015 hasta el presente año.
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Por este motivo, durante el viernes se realizó la detención de presuntos involucrados y el allanamiento de oficinas del Minvu.
La investigación señala que los acusados habrían favorecido adjudicaciones e empresas en contratos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En una arista de este mismo caso, se indaga presuntos fraudes al interior de la Secretaría General de Gobierno, la subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de Educación.
Entre los imputados se encuentran funcionarios con cargos como jefes de proyecto y evaluadores técnicos de ofertas, al igual que civiles que no están vinculados al Minvu, que pueden ser representantes legales de las empresas que se adjudicaron las licitaciones, o bien, familiares de los funcionarios, según informó Radio Cooperativa.
El fiscal Francisco Ledesma sostuvo en la investigación que este último grupo estaría vinculado al delito de lavado de activos.
