Pensiones, salud, salarios y educación. Esas son las principales demandas que el estallido social ha puesto sobre la mesa y que se ven en las pancartas de las miles de personas que llegan a Plaza Italia a manifestarse. Sin embargo, poco antes de que todo cambiara el pasado 18 de octubre, el foco era otro: la catástrofe ambiental y la crisis hídrica.
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Sólo entre Coquimbo y el Maule, se calcula que cerca del 67% de la población -unas $12 millones de personas- viven en zonas declaradas en emergencia hídrica producto de la megasequía que vive el país. Mientras, en la cordillera los glaciares pierden cerca del 40% de sus cuerpos de agua en los últimos 20 años; y en el mar, varios bancos naturales de especies, como las almejas en Ancud, desaparecen.
Es por eso que los ambientalistas arremeten de nuevo y apuntan a que en el proceso constituyente, sus demandas deben tener cabida a como dé lugar.
Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima y condecorado ambientalista a nivel internacional, lo deja en claro. «Si bien en el estallido social la Región Metropolitana instaló el debate por pensiones, salud y educación; desde la quinta región al norte y la sexta región al sur, la demanda más acariciada de los territorios es recuperar el agua y hacer de ella un derecho humano», dice.
Algunos incluso hablan de consagrar a la biosfera y los ecosistemas como «sujetos de derecho», según plantea Rodrigo Faúndez, vocero de Modatima Santiago.
Para distintos representantes de movimientos sociales y la comunidad científica, serán los escaños para independientes en la convención constituyente el principal mecanismo para hacerse escuchar. Leandro Carreño, investigador del ICBM de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, aclara que «la oportunidad científica es única, serán muchos los colegas interesados en presentarse como candidatos».
Desde Modatima, por su parte, confirman que ya se dio la discusión interna de llevar representantes a la convención, gracias a que cuentan con presencia en 11 regiones. Eso sí, aún sin definir nombres. Lo mismo debería ocurrir, por ejemplo, con el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares.
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Felipe Espinosa, director de la Fundación de Glaciares Chilenos, aclara que «tenemos una sola postura. No puede ser que hayan recursos vitales como el agua a manos de privados. Y que decir de los glaciares, donde la Constitución debería decir explícitamente que son un recurso sujeto a protección del Estado».
Las demandas para la nueva carta fundamental
Consagrar el agua como «bien natural común»
Tanto movimientos sociales como científicos coinciden en la necesidad de suprimir el artículo 19, numeral 24, de la actual Constitución, donde se declara explícitamente al agua como bien privado.
Rodrigo Mundaca y Rodrigo Faúndez, de Modatima, señalan que la nueva carta fundamental debe consagrar al elemento vital como «bien natural común». Eso, para asegurar ninguna localidad en el territorio sufra problemas de acceso al agua mientras industrias y privados sí la dispongan para bienes extractivos.
«Es curioso que ministros como (Alfredo) Moreno y (Antonio) Walker hablen de la posibilidad de racionar el agua potable pero no se refieran con la misma fuerza al consumo de la industria extractiva del país», señala Mundaca.
Definir a la naturaleza como «sujeto de derecho»
Bien podría nacer una figura especial que incluso reforme el Código Penal. Ambientalistas y expertos proponen no sólo que el artículo que consagra el derecho a vivir en un medio ambiente sano sea más preciso, y que se refiera a océanos y glaciares, sino que se le otorgue a la biosfera y los ecosistemas la calidad de «sujeto de derecho».
Faúndez de Modatima indica que sería «una figura muy interesante para el derecho moderno, que mejoraría las facultades para su protección». En lo práctico, esa consagración permitiría que medidas legales, como recursos de protección por daño ambiental, no se presenten solo para defender a particulares o grupos, sino que también a territorios.
Rol protector
Juan Diego Maya, director del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, señala a Publimetro que es necesario que la nueva Constitución «cambie el rol del Estado como un administrador de recursos, y que se establezca como un protector de el medio ambiente en general, incluyendo los recursos naturales explotables o no».
Eso pemitiría, en el papel, que el Estado disponga de mayores facultades de resguardo a zonas en peligro, aún cuando afecte recursos e intereses de privados. Felipe Espinosa, director de la Fundación de Glaciares Chilenos, dice que son los cuerpos de hielo el mejor ejemplo. «Son esenciales para los ecosistemas y la sociedad. La Constitución debería definirlos como un recurso sujeto a protección», aclara.
Fin al Estado subsidiario
Aún cuando la Constitución no acuñe el término de manera textual, el capítulo 3 -garantías constitucionales- establece una serie de facultades en cuanto a recursos y desarrollo a manos de privados. Eso, dicen los ambientalistas, debe eliminarse.
«Las bases del modelo de desarrollo deben cambiar. Que la mayoría de los recursos naturales y las posibilidades de levantar infraestructura esté a manos de empresarios o compañías, no permiten una economía sustentable», dice Faúndez.
La explotación de los recursos marinos e un gran tema, además de que, según Maya, «debe quedar sellado en el papel el deber del Estado de garantizar el desarrollo tecnológico y de las ciencias, además de su acceso como un derecho».
