Es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, junto con educación y pensiones. El mejorar la salud es una de las grandes demandas de la ciudadanía y no solo de ahora tras el estallido social. Y no cabe duda duda que el sector público es el que requiere mayor atención.
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Es allí donde el Gobierno dice poner las fichas con el “Nuevo Fonasa”, que crea un Plan Universal de Salud y le otorga una nueva institucionalidad a esta entidad.
Del primer elemento se destaca que la inclusión de una serie de prestaciones garantizadas como examen de medicina preventiva y manejo de enfermedades crónicas, hospitalización, atención de urgencia, maternidad y cuidado del recién nacido, medicamentos e insumos hospitalarios, etc.
Asimismo se establecerán tiempos máximos de atención para cirugías y consultas médicas de especialidad de enfermedades no Auge.
Por otro, la iniciativa del Ejecutivo plantea un cambio a la forma de operar de Fonasa, otorgándole más atribuciones para que se transforme en el garante de los derechos de sus afiliados. Además tendrá un nuevo gobierno corporativo para garantizar la trasparencia en su gestión, además de autonomía e independencia.
Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, valora la propuesta porque “cuando tú estableces en el sistema público de salud un plan garantizado universal, en la práctica lo que estás haciendo es expicitar derechos, el derecho a la calidad, protección financiera y oportunidad, y esto tendría que tener impacto en las colas del sistema en las emfermedades no Auge”.
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Sin embargo, promesa de atención más rápida y oportuna queda en duda con la infraestructura actual, considerando que en 2018 casi 26 mil personas murieron en listas de espera, la mayoría no Auge, según el Ministerio de Salud.
Así lo considera Patricio Silva, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de U.Central y ex subsecretario de Salud, quien sostiene que “prometer este tipo de cosas que depende de varias variables es arriesgado, va a crear expectativas en la gente, que si no se pueden cumplir va a crear frustración”. Añade que es clave que se avance en el fortalecimiento de la red de hospitales públicos y la red de consultorios.
De allí nace también la crítica de sectores opositores, quienes acusan que esta reforma a Fonasa será derivar más recursos al sector privado. Sánchez no lo cree así, al contrario, resalta que “se está colocando el foco en las personas”.
$70 mil
En cambio, para Silva, las aprehensiones tienen asidero y “todo depende cómo se va hacer, si va a ser al mismo precio, si va de la mano con el fortalecimiento de los hospitales, formar más especialistas” y subraya que acudir al sector privado “debe ser la excepción”.
Aunque cabe consignar que el anuncio, el Gobierno anuncia también el reforzamiento de la atención primaria, aumento del número de especialistas y un plan de US$10 mil millones en infraestructura. Asimismo plantea que antes de llegar a una clínica, se deberá descartar primero la opción de atención disponible en un hospital público, univerisitario o institucional.
Si no se cumple ¿a tribunales?
Debido a las dudas que surgen por la promesa de cumplir esos plazos de atención, el ministro de Salud Jaime Mañalich afirmó que “por el imperio de una ley que casi le da rango constitucional al derecho a la salud”, los pacientes podrán exigir, incluso, en tribunales que se esto se respete. Algo que se ha dado de manera fuerte en el ámbito de las isapres cuando los usuarios buscan evitar el alza en el valor de sus planes.
“Cuando hay derechos garantizados siempre hay aumento en los juicos”, sostiene el académico de la Unab, por lo que considera que “hay que actuar antes para que se eviten las causas de esos juicios”.
En tanto, para Silva, “sería muy lamentable” que se llegase a ese escenario, ya que “no son los tribunales quienes deben decidir, si no que debe hacerse a través de las leyes y el ámbito político”.
