La Moneda anuncia polémico proyecto para normar el derecho a reunión y establecer "posibles causas de denegación" a marchas

La iniciativa será redactada por el Ministerio de Justicia, y nació de un acuerdo con el propio Presidente.

Por Gabriel Arce

A pocos días de que el "copamiento policial" en Plaza Italia  le costara una acusación constitucional al intendente Felipe Guevara, el Gobierno anunció que próximamente presentarán un proyecto de ley para regular el derecho a reunión de todos los chilenos.

Así lo confirmó el ministro de Justicia Hernán Larraín, en una entrevista que concedió a El Mercurio, donde explicó que la idea nació de un acuerdo entre él y el propio Presidente Sebastián Piñera. "Conversamos todo y nos dio el apoyo para que siguiéramos con fuerza", relató.

"Es un tema complejo, que ahora no queremos que se confunda con situaciones concretas que están pasando. Pero es evidente que parte de lo que ha pasado hoy día se debe a que no hay una legislación", indicó Larraín.

El "derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas" es una garantía constitucional de todos los chilenos, contenido en el artículo 19, número 13º, de la Constitución de la República. En el mundo, a su vez, el derecho a la reunión es considerado un derecho humano de primera generación.

El mismo artículo 19 deriva en que la reunión no tenga ningún proyecto de ley que lo regule. Pero La Moneda quiere cambiar eso, categorizar si se superpone o no a otros derechos fundamentales o incluso establecer diferencias entre una marcha, una congregación, una manifestación fija, y sentar en el papel criterios para frenarlas si es necesario.

De inmediato, la iniciativa legal se anticipa como polémica. "Parte del debate es que haya un consenso de lo que significa el derecho a reunión con respeto a los otros derechos; lo que significan las divergencias entre una marcha, el movilizarse y una manifestación pública fija".

Actualmente, y pese a que exista un rito de pedir autorizaciones a las intendencias, no contar con el mismo no es causal jurídica para que una marcha o congregación sea considerada ilegal en ningún término. Pero eso podría cambiar. "Más que un problema de autorización previa como una condición, es cómo organizo y coordino el ejercicio de muchos derechos. Y al mismo tiempo cómo objetivizo las posibles causas de denegación. Y si alguna vez, por algún objetivo serio y fundado no corresponde, que esté establecido en la ley", relató el ministro Larraín.

Según relató a Radio Biobío Matías Walker, presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, "es Gobierno lo que ha querido desde hace mucho tiempo es debilitar el sistema Interamericano de Derechos Humanos y respecto a la aseveración del ministro acá hay que aclararle que nadie en la oposición pretende co gobernar con un Gobierno que ha sido un fracaso".

En esa línea, la diputada de Comunes, Claudia Mix, afirmó al mismo medio que "cuando lo que se pide es más democracia y garantizar el derecho a manifestarse, el gobierno busca elaborar regulaciones. Eso sólo apunta a darle sustento legal a la estrategia restrictiva del Intendente Guevara y el ministro Blumel. Priorizan su agenda del orden público, que sólo se logra cuando las personas sienten que no se vulneran sus derechos.

 

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