El proyecto de ley que define las sanciones por delitos que atenten contra el orden público a través de actos de violencia y endurece las sanciones antisaqueos, será discutido esta tarde en el Senado tras las modificaciones hechas por la Comisión de Seguridad y de Constitución al texto aprobado anteriormente por la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional.
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De esta manera quienes interrumpan completamente la libre circulación de peatones o vehículos en las calles sin autorización, mediante la violencia, intimidación u obstáculos en la vía pública serán castigados con presidio en su grado mínimo o medio, es decir, desde 541 días hasta 5 años de cárcel.
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Por otro lado, quien lance instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para dañar o dar muerte a peatones o personas al interior de vehículos que se encuentren en la vía pública arriesga desde 61 días a 3 años de cárcel.
El proyecto propone además el endurecimiento de las penas en un grado para los saqueos cuando estos ocurran en medio de desórdenes en la vía pública. De esta forma, quienes sean imputados por este delito cometido en grupo o de forma individual arriesgan desde 541 días a 5 años de cárcel.
Acalorado debate político
Hoy a la espera del rechazo o aprobación del proyecto de Ley Antisaqueos, en uno de sus últimos trámites constitucionales, se tensiona el debate político.
Tras las declaraciones del Frente Amplio en su conjunto y las de varios de sus adeptos en las que reconocen que respaldar este proyecto fue un error, numerosas organizaciones sociales y feministas, independientes y ligadas al conglomerado han salido a cuestionar y emplazar a quienes hayan apoyado el proyecto denunciado que estas medidas no hacen más que criminalizar las manifestaciones sociales.
Por otro lado, el ministro del Interior Gonzalo Blumel hizo un llamado a los parlamentarios a través de Twitter para respaldar este proyecto pues «es clave contar con esta herramienta para sancionar con mayor fuerza las alteraciones del orden público».
Una vez terminada la discusión y de ser aprobada por el Senado, volverá a comisión de origen, que de dar el visto bueno a los cambios que surjan, lo despacha.