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Partiendo por el Presidente Sebastián Piñera, toda la clase política está pagando con su legitimidad los costos del estallido social. El diagnóstico no es nuevo, pero la reciente entrega de la encuesta CEP lo puso otra vez sobre la mesa, dejando en claro, además, que las instituciones también caen por arrastre.
“Hay un castigo transversal. Un 50% de la gente está enojada, y puede estar relacionado con el desplome de las instituciones. La gente puede estar castigando a las instituciones, al Gobierno y a la oposición», dijo Ricardo González, investigador que ayer presentó el estudio que constató el malestar de los chilenos en diciembre de 2019.
Conseguir una aprobación de dos dígitos es casi un lujo. La encuesta reveló que los partidos políticos tienen una confianza de apenas un 2%, seguido por el Congreso (3%), el Gobierno (5%) el Ministerio Público (6%), las empresas (7%) y la televisión (8%). Carabineros, por su parte, luce un 17% de aprobación que, si bien parece alta para estos tiempos, marca la peor debacle institucional de confianza según la CEP: a mediados de 2015, aún con los fraudes, estaba en 57%.
La pregunta es ¿qué ocurre con la democracia si todos sus pilares institucionales están por el suelo? Marco Moreno, cientista político de la U. Central, dice que el «estallido sólo aceleró el desplome de las instituciones, porque venían erosionando hace años. Aunque son el síntoma, porque la causa es la desconfianza de las personas».
Salidas
Eso sí, recalca con optimismo el dato sobre la población que apoya la democracia como régimen imperante, indicador que creció del 52% al 64% respecto de mayo de 2017. Lo mismo cree Mireya Dávila, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile. «Si bien hay un porcentaje al que le gusta una salida autoritaria, es minoritario, e incluso bajó respecto de 2017. Ahí hay un gran punto a favor», indica.
Moreno cree que «la gente sí considera que la democracia es la mejor forma para vivir en sociedad, lo que cuestiona es su experiencia con ella. Sienten que no resuelve sus problemas, por eso se castiga a las instituciones de la democracia, pero aún así la valoran».
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El historiador de la Usach, Cristóbal García Huidobro, explica que cuando «se ven estos signos, varias cosas pueden pasar, desde salidas institucionales hasta coletazos autoritarios (…) pero aquí está la posibilidad de reconstruir la confianza. El problema es que implica dar ciertas señales y esfuerzos contraintuitivos» por parte de la clase política.
Cuando es la institución la machada, independiente de los personajes, restablecer la confianza es más complejo, según afirma Dávila. Carabineros y el Congreso serían ejemplos de eso. «Esto requeriría un gran acuerdo nacional, cosa que no va a pasar porque no tenemos Gobierno ni oposición para eso», sostiene.
La cientista política cree que una de las maneras para recuperar la confianza sería que cada institución elabore un alista de medidas profundas «en sintonía con las lógicas de probidad, transparencia, de rendición de cuentas, que se privilegie el bien público y la austeridad». Pero el proceso, argumenta, será de largo aliento.
La complicación en el escenario, según Moreno, será el «factor Piñera». «En un cuadro de desaprobación hacia la presidencia, uno se plantea el escenario del fin anticipado del mandato, se configura como un escenario posible. Creo que ese factor va a ‘piñerizar’ las discusiones de aquí en adelante, como ya viene ocurriendo. Sin embargo, aquí la impugnación es transversal. La gente tampoco confía en las oposiciones».
Piñera con mal augurio
Según la CEP, la aprobación a la gestión del Presidente Sebastián Piñera fue de apenas el 6%, registro que es histórico entre los mandatarios latinoamericanos de las últimas décadas que algunas vez marcaron menos de un dígito.
En su peor momento, Fernando de la Rúa, ex mandatario argentino, tuvo una aprobación del 8%, mismo apoyo que alguna vez registró el peruano Alejandro Toledo. La dupla sólo fue superada por la brasileña la brasileña Dilma Rousseff y el ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, que cayeron al 7% de aprobación.
El antecedente va más allá de una mera anécdota, porque el denominador común en aquellos mandatarios fue que no terminaron su mandato: Rousseff y Bucaram fueron destituidos y De la Rúa renunció en 2001. Sólo Toledo finalizó su mandato, pero en 2017 fue declarado prófugo de la justicia por involucrarse en el caso Odebretch.
