«Estoy de acuerdo con la libre expresión y el derecho a la manifestación pacífica», afirmó el intendente Metropolitano Felipe Guevara al iniciarse en la Cámara de Diputados la sesión en que se revisará y votará la acusación constitucional en su contra.
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En lo principal, la acusación plantea infracción a la Constitución, en relación a la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, lo anterior en el contexto de la crisis social vivida por el país.
El presidente de la Cámara, Iván Flores, le ofreció la palabra y el intendente comenzó declarando que «he sido propuesto para una acusación constitucional que obviamente me parece del todo injusta, he venido hasta esta sala plena porque no tengo nada que ocultar, he actuado conforme a la ley, conforme a la Constitución».
«Asumí hace pocas semana como intendente de la región Metropolitana y mi primera obligación fue devolverle o intentar devolverle la ciudad a los vecinos de la Región Metropolitana», añadió.
Luego, dijo que «asumí en un contexto de un fenómeno que nadie pudo predecir, ni ustedes ni nosotros, un fenómeno que no ayudé y no colaboré a provocar, me encontré con eso cuando llegué a la Intendencia Metropolitana, un gran estallido social, más de dos millones de personas en las calles de las ciudades más importantes del país».
Más adelante, aseguró que «estoy de acuerdo con la libre expresión y el derecho a la manifestación pacífica, por eso el día que llegué a la intendencia fue el primer día que se autorizaron marchas desfilando frente a La Moneda».
«He dicho muchas veces en estos días: una democracia donde no hay posibilidad de expresarse es una pobre, es una triste democracia, creo en ese derecho y por eso me parece tan injusta esta acusación», enfatizó Guevara.
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Posteriormente, los abogados defensores Cristian Muga y Rodrigo Ávila comenzaron a exponer la cuestión previa, es decir, los argumentos para que la Cámara declare que la acusación no se ajusta a los requisitos que exige la Constitución y se declare inadmisible.
En caso que se rechace la cuestión previa, se votará el fondo del asunto y si se aprueba el libelo, la acusación pasará al Senado, que actuará como jurado. Si se aprueba, el intendente cesará inmediatamente sus funciones y quedará inhabilitado por cinco años para desempeñar cargos públicos.
