Sabemos que marzo es un mes de muchos gastos y también es cuando las isapres informan sobre el alza anual que aplican a su planes, la que en los últimos años ha sido frenada por la justicia, cuando los afiliados han presentado recursos de protección.
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Sin embargo, el Gobierno presentó el lunes un indicador que promete de alguna manera regular esta situación. Se trata del Índice Referencial de Costos de la Salud (Ircsa), que busca ser un referente que “entrega transparencia al sistema para que los usuarios conozcan las variaciones reales de los costos de la salud privada y tomen la mejor decisión”, afirmó el superintendente de Salud, Patricio Fernández. Mientras que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo que será “un indicador objetivo para decir lo que se justifica como máximo de alza en los planes de salud privada”.
Pero las autoridades también plantearon que uno de los objetivos principales es aminorar lo que se ha denominado como “judicialización” del sistema, debido a que los afiliados no han parado de detener las alzas vía recursos de protección. Según la propia Superintendencia de Salud, entre 2010 y 2018, se han generado más de $107 mil millones en costas judiciales, que han tenido que ser pagada por las isapres.
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Teniendo este nuevo argumento al frente, la duda que queda ahora es cómo reaccionarán las Cortes de Apelaciones cuando tengan que fallar en los recursos que presenten los usuarios y si las aseguradoras presentan entre sus argumentos este nuevo índice.
“Las isapres van a usar este indicador como una forma de mostrar que no resulta arbitraria el alza en los precios de los planes”, apunta Felipe Bravo, docente de derecho económico de la U. Católica.
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Frente a ello, el exsuperintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, dice que “no me atrevería a decir cuál va a ser el análisis que hagan las cortes”, pero recuerda que anteriormente en su primera pasada por el cargo, el ministro Mañalich ya había presentado un IPC de la salud, pero recalca que los tribunales “no lo reconocieron como información suficiente”.
En tanto, da algunas luces, ya que afirma que las razones que han entregado los tribunales al fallar a favor de los afiliados, hasta ahora, “no se basan simplemente en la arbitrariedad del alza del plan, sino que también en la imposibilidad que la isapre, de manera unilateral, realice una modificación contractual, aun cuando la ley lo autorice”. Teniendo esto como antecedente “no parece esperable un cambio en las sentencias por la introducción de este indicador”.
Solo un síntoma
Pero este índice ¿evitará que se sigan acumulando recursos judiciales? “Me parece que tratar de frenar la judicialización es atender el síntoma del problema. Es como atacar la fiebre y no la enfermedad”, sostiene de entrada el exsuperintendente de Salud, Sebastián Pavlovic.
En ese sentido, acusa que los incrementos a los planes es parte de un problema mayor, “con alzas de costos no siempre bien transparentados”.
Este índice se presentó como una referencia para que los afiliados evalúen, pero cómo lo tomarían las aseguradoras? “Las isapres tienen que anunciar sus alzas ahora en marzo (…) yo creo que va a impactar, al menos, va a ser un número más”, opina Ryan Kerr, cofundador de la plataforma QuePlan.cl. Además concide en que sirve para darle mayor transparencia al sistema. “Es positivo tener más información en la mesa”, acota.
“No tiene ningún sentido”
Crítica respecto de este índice es Lorena Hoffmeister, directora de la Escuela de Salud Pública de la U. Mayor, quien expresa que la pregunta que hay que hacerse es por qué las personas llegan a tribunales para frenar estas alzas.
“Este es un problema de legitimidad de la isapres que difícilmente se va a revertir con esta herramienta”, acusa. La docente cuestiona, en este sentido, el rol de las aseguradoras, que a su juicio, “no es cobrarle y traspasarle todos los costos a los afiliados, es mantener a la gente sana y que usen menos recursos de salud”.
Por ello, recalca que este indicador “no tiene ningún sentido”, ya que sirve para aceptar estos aumentos de precio, pero no da la señal al sistema de contener sus costos, “no genera obligación en control de eficiencia” a las aseguradoras.
