Fue el 23 de agosto de 2018 cuando el Gobierno ingresó el proyecto de reforma tributaria al Congreso. Un año y cinco meses después, con crisis social, cambio de ministro de Hacienda, modificación al denominado «corazón» y nuevos impuestos, la iniciativa finalmente terminó siendo aprobada.
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Tras un pequeño traspié con los impuestos verdes, la propuesta fue vista por una comisión mixta, cuyo informe fue aprobado por la Cámara de Diputados con 97 a favor, 33 en contra y tres abstenciones. Posteriormente, durante la tarde el Senado también le dio su visto bueno con 30 a favor sin votos en contra ni abstenciones, faltando ahora solo la revisión final del Tribunal Constitucional, con lo que entraría en vigencia en marzo.
Inicialmente con un foco procrecimiento, la iniciativa fue modificada para aumentar la recaudación, más aún en las actuales condiciones de demandas sociales. De esta manera, cuando esté en régimen en 2025 se espera que sume a las arcas fiscales del orden de US$2.200 millones.
Tras la votación en a Cámara Alta, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó el acuerdo logrado primero con los senadores y luego la aprobación de los diputados para sacar a adelante el proyecto. “Lo que yo quiero recalcar acá es que cuando se trabaja duro un buen acuerdo, una buena propuesta, esto mantiene todos los elementos positivos que estaban en el proyecto de modernización tributaria original del Gobierno”, sostuvo.
En ese sentido, recalcó qie «hay que destacar que hoy día tenemos un sistema tributario más simple, más eficiente, mejor que el que rige actualmente y me alegro por eso», afirmó.
Entre los puntos que van a entrar en vigencia con esta reforma están que las pequeñas y medianas empresas tendrán un régimen tributario integrado para aliviar su carga impositiva, lo cual no se aplicará a las grandes empresas, como se mencionaba en la iniciativa original.
Por otro lado, se fijó un nuevo tramo de 40% de impuesto personal para todos aquellos que perciben más de $15 millones mensuales. También se aplicará una sobretasa a las contribuciones de bienes raíces con un avalúo fiscal superior a $400 millones y los adultos mayores que perciban menos de $650 mil no pagarán contribuciones.
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¿Alcanza para qué?
Si originalmente se buscaba incentivar la inversión para que la economía creciera, sin tener la ambición de recaudar más, esta reforma ahora busca sumar más dinero para el Estado. Algo crucial, sobre todo luego de la crisis que comenzó en octubre pasado y que trajo a la palestra un sinnúmero de exigencias ciudadanas.
En ese sentido, si solo consignamos lo que costarán la reforma a las pensiones o el ingreso mínimo garantizado, queda la duda de si la iniciativa se va a quedar corta , incluso antes de entrar en vigencia.
El martes el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, advertía que ests propuesta se hace cargo de las cosas a corto plazo” y que “es inescapable para Chile, que tengamos que hacer una nueva reforma tributaria que ayude a recaudar más respecto del tamaño de nuestra economía y revisar quiénes son los que pagan los impuestos”.
“El objetivo declarado de la reforma tributaria es recaudar alrededor de US$2,2 mil millones. Si comparamos dicha cifra a lo que costarían si es que se pretende que vía tributaria se respondan las demandas sociales, no es suficiente”, advierte Hugo Caneo, docente y abogado UNegocios de la U. de Chile.
Sin embargo, el economista advierte que más que nuevas reformas tributarias que recauden más se hacen necesarias otras claves para lograr dar cuenta de lo que la gente demanda en las calles. “Dada la mala experiencia de la reforma tributaria del año 2014 y su corrección en el 2015, al recaudar menos que lo esperado, lo que se sabía, debiera llevarnos a la conclusión que si lo que se quiere es poder satisfacer crecientes demandas sociales, el camino para ello depende de crecimiento económico”, recalcando que sin ello, cualquier reforma impositiva “se hará insuficiente”.
Asimismo, subraya que otra vía de financiamiento de las demandas sociales es hacer más eficiente el Estado. “En Transantiago se gasta US$1.000 millones al año, lo que podría ir a mejorar las pensiones”, apunta.
En ese sentido, menciona un informe de 2018 elabora por el Banco Interamerican del Desarrollo (BID) en el que se estipula que el ineficiencia de gasto del Estado en Chile equivale a 1,8% de PIB, es decir de todo lo que produce la economía en un año, lo que equivale a cerca de US$5.400 millones, practicamente US$3.200 millones más de lo que pretende recaudar esra reforma recién aprobada.
Dos reformas y sus costos para el Estado
- Reforma al sistema de pensiones: US$1.800 millones de costo fiscal
Si bien la iniciativa busca que con parte de la cotización extra se aumente las pensiones más bajas del sistema, esta reforma -que fue aprobada ayer en particular por la Cámara de Diputados y despachado al Senado, tras un acuerdo entre el Gobierno, la DC y parlamentarios independientes- también implica un desembolso de dinero público.
En primer término, ese mayor gasto fiscal saldrá de bonos soberanos para surtir de recursos el inicio del fondo colectivo que propone la iniciativa, el que posteriormente se irá nutriendo de los recursos a través de la mitad de ese 6%.
Sin embargo, la mayor parte –unos US$1.600 millones según la Dirección de Presupuestos- será porque esta mayor cotización será aportada por el empleador, condición que el Estado también comparte con el sector privado. Y es que no solo deberá poner dinero para el ahorro de los empleados fiscales, sino que también a través de los trabajadores de las empresas estatales.
A su vez, el gasto en que incuirrán dichas compañías públicas para financiar esta cotización, implicaría menores ingresos, lo que significará menos impuestos que pagar.
- Ingreso mínimo garantizado: US$168 millones de costo fiscal aprox.
Presentado a principios de noviembre de 2019, este proyecto busca suplementar los ingresos de quienes tienen los sueldos más bajos, mediante un aporte con plata del Estado.
En concreto, crea un subsidio que asciende ahora a $59.200 para quienes ganan el salario mínimo actual de $301.000 brutos, lo que les permite alcanzar un monto bruto de $360.200 y con ello un monto líquido de $300.000.
El proyecto ha sido criticado desde la oposición, la que logró en la Cámara de Diputados que este subsidio estatal sea solo para las pequeñas y medianas empresas que facturen hasta 75 mil UF al año, considerando así a los trabajadores de grandes compañías. El Gobierno impulsa una indicación para incluirlos como era el proyecto original, lo que elevaría el costo fiscal a $133 millones (US$240 millones aprox).
Según cálculos del Ejecutivo, este beneficio potencialmente beneficiará a 668.511 trabajadores que cumplen con los requisitos del subsidio: pertenecer al 90% de los hogares más vulnerables, y contar con un contrato de trabajo con jornada superior a 30 horas.
