La CIDH lamentó en un comunicado la decisión de impedir este martes el ingreso de su delegación a Venezuela, cuando en el terminal aéreo de Panamá les informaron que no podían embarcarlos por «órdenes del gobierno de ese país».
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En julio de 2019, la CIDH anunció una visita in loco a Venezuela, que pretendía realizarse del 4 al 8 de febrero, con el objetivo de reunirse con grupos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, beneficiarios de medidas cautelares, representantes de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles, académicos y otros actores relevantes.
La visita se organizó en aceptación a la invitación realizada por el Representante Permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por la Asamblea General de la Organizaciones de los Estados Americanos, en consideración del llamado persistente y amplio que durante años ha realizado la sociedad civil venezolana a la CIDH, teniendo como centro de su preocupación a las víctimas.
La Comisión informó a la comunidad internacional, que a pesar de lo anterior, a la delegación compuesta por la Presidenta de la CIDH y Relatora para Venezuela, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño; el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; y especialistas de la Secretaria Ejecutiva, le fue prohibido el abordaje al vuelo desde la ciudad de Panama en dirección a Caracas, según notificación recibida por la aerolínea.
«La Comisión rechaza ese tratamiento de la manera más enérgica, y advierte que es propio de regímenes autoritarios no permitir el escrutinio internacional ni la observancia de la situación de los derechos humanos, lo cual perjudica, especialmente, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y obstaculiza el valioso trabajo que adelantan las organizaciones de la sociedad civil», expresaron en el comunicado.
Al respeto, la CIDH aprovechó esta oportunidad para reafirmar la vigencia de su mandato y jurisdicción sobre Venezuela. En ese sentido, el impedimento para ingresar al país, obstaculiza las obligaciones internacionales en derechos humanos asumidas por Venezuela, así como impide el cumplimiento de las competencias de la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 106 de la Carta de la OEA y el artículo 41 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Comisión tiene como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en los pueblos de América. Al efecto, las visitas in loco permiten a la Comisión, entre otros fines, realizar sus funciones de órgano consultivo de la Organización en materia de derechos humanos. También recordamos que el Estado venezolano es parte de otros instrumentos internacionales que otorgan mandatos a la CIDH, entre ellos: la Convención “Belém do Pará”; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Pese a lo ocurrido, la Comisión decidió dar seguimiento a su objetivo de encontrarse con las víctimas, para lo cual se desplazará inmediatamente a la frontera entre Colombia y Venezuela. En ese sentido, extiende un especial agradecimiento al Gobierno de Colombia, que ofreció las condiciones necesarias para permitir a la delegación de la CIDH realizar la visita a la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, lo que permitirá a la CIDH reunirse, documentar y recabar testimonios de víctimas y familiares sobre las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.
