Ya en julio de 2019 un estudio de la Fundación Terram reveló que los varamientos de carbón en la Bahía de Ventanas se ha incrementado salvajemente. Tanto así que en los últimos 10 años ha subido un 3.600%.
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Este aumento fue directamente proporcional a las toneladas de carbón descargadas en el puerto. Ahora siete meses después, ya realizada la COP25 y con disculpas ofrecidas a los habitantes de zonas de sacrificio de parte del Presidente Sebastián Piñera y de la ministra Schmidt, la situación parece no cambiar. Y es que la comunidad lleva tres días consecutivos con varamientos de carbón en la playa de Ventanas.
La información fue confirmada por la Capitanía de Puerto de Quintero tras encontrar trazas de polvillo. El color del material era negro y se encontraba extendido a lo largo de la playa de la Región de Valparaíso.
La Armada aplicó los protocolos correspondientes. Estos consisten en notificar a las empresas AES Gener y Puerto Ventanas para que retiren los residuos.
Responsables del varamiento de carbón en Puchuncaví
A pesar de que aún no hay un culpable claro dentro de las empresas que se acumulan en el borde costero, comunidades del sector miran a Campiche. Esta central termoeléctrica, propiedad de Aes Gener, utiliza carbón y coque de petróleo.
La central generó problemas con la comunidad desde antes de su construcción. El primer tope fue el año 2008, meses después de su aprobación en el Sistema de Evaluación Ambiental y la Comisión de Medio Ambiente de Valparaíso. Ahí el Consejo Ecológico de Quintero – Puchuncaví ingresó un recurso para paralizar la construcción. El argumento era que el lugar era una zona de restricción por dos cosas. Primero porque el proyecto se construía sobre una zona declarada saturada de material particular y dióxido de azufre. En segundo lugar, la autorización se hacía sobre una zona de peligro para el asentamiento humano.
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El fallo de la Corte Suprema, finalmente, fue aceptado. En él se leía que la construcción de esta central vulnera el “derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
Más tarde un decreto supremo modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Este llegó a editar el uso de suelo, permitiendo a las empresas construir en terrenos de esta índole.
