PUBLICIDAD
La iglesia ortodoxa serbia anunció la excomunión del presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, de miembros del gobierno y de todos los parlamentarios que votaron a favor de la llamada «Ley de Libertad Religiosa», que dispuso la nacionalización de bienes del clero.
El texto señala que «los inmuebles y propiedades que carezcan de documentos pasarán a ser registrados como bienes públicos y herencia cultural de todos los ciudadanos«, ya que «todos los ciudadanos contribuyeron a levantar esos lugares«. Se trata en su mayoría de bienes no registrados antes de 1918, fecha en que Montenegro fue anexado a Serbia y, luego, a Yugoslavia.
La reacción en Serbia, en tanto, ha sido de indignación: Mientras la iglesia calificó el hecho como una «confiscación» y ordenó que a los responsables «no les administren sacramentos ni ritos hasta que no muestren arrepentimiento«, se han sucedido manifestaciones de parte de militantes ultranacionalistas, fieles, monjas y sacerdotes, que han llegado hasta la embajada montenegrina en Belgrado.
La disputa ha escalado a los niveles políticos de ambos países, pues mientras el canciller serbio Ivica Dacic olvidó que Montenegro es independiente desde el 2006 y señaló que «sólo tenemos un país y un pueblo, el pueblo serbio y Serbia«, el primer ministro montenegrino Duska Markovic contraatacó afirmando que «vamos a salvar» al país, «pese al odio que esparcen los mismos de siempre«.
La situación, incluso, ha llegado a Rusia, donde el Kremlin ha manifestado su preocupación tras la aprobación de la ley y la llamó «muestra de la creciente presión administrativa a la iglesia ortodoxa serbia con el fin de expulsarla completamente«.
