De las 46 investigaciones a nivel nacional hechas por la Contraloría al MOP, cuatro de ellas ya están en Fiscalía y con procesos avanzados.
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Una de las más llamativas corresponde al proceso de conservación de caminos de acceso a comunidades Indígenas, realizado por la Dirección Regional de Vialidad (DRV) de La Araucanía entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. El documento muestra varias y diversas irregularidades.
Por ejemplo la falta de metodología y procedimientos formales para que la DRV cumpla con su función. Así, la auditoría establece que “la DRV, a raíz de la falta de verificación de la calidad de tierra indígena de los predios en donde se emplazan las vías mantenidas, efectuó la conservación de 50,4 kilómetros de camino en contravención al principio de legalidad del gasto, representando un 13,4% de los 374,8 kilómetros que integran la muestra analizada en la presente auditoría, por la suma de $ 1.027.318.120, por cuanto 53 rutas se encuentran fuera de territorios indígenas”.
También “se detectó la errónea evaluación y adjudicación de 4 licitaciones de contratos de conservación”.
Además, “la entidad auditada aprobó un avance financiero superior al efectivamente ejecutado en una serie de contratos, advirtiéndose casos en donde las partidas no fueron ejecutadas, otros en que se realizaron parcialmente y algunos en que no se pueden determinar las cantidades reales desarrolladas dada la falta de documentación que acredite el cumplimiento efectivo de los trabajos, todo esto por un total de $ 723.542.123”.
A lo anterior se suma que “se advirtió que el Servicio efectuó el pago de operaciones superpuestas entre contratos de conservación, correspondiendo que el Servicio efectué la devolución de lo pagado indebidamente o acredite el correcto pago de las operaciones ejecutadas por un monto total de $10.367.834”.
Otra de las investigaciones ya en Fiscalía (cuyo informe final data de 19 de agosto de 2019) trata sobre una auditoria al Programa de Agua Potable Rural en la Región del BíoBío, administrado por la Dirección de Obras Hidraúlicas.
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Los principales resultados de la indagatoria indicaron que el término de las obras “Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Las Águilas, Comuna de Quilleco” y “Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida, comuna de Los Ángeles”, aconteció después del vencimiento de los plazos convenidos para ello, sin que se haya cursado correctamente las multas respectivas, las cuales alcanzarían el monto total de $ 22.084.179.
Y en los contratos “Construcción servicio de agua potable rural El Aromo, comuna de Los Ángeles”, “Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Las Águilas, comuna de Quilleco”, “Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida, comuna de Los Ángeles” y “Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Santa Amelia, comuna de Negrete”, no consta la existencia de la documentación que respalde la totalidad de las certificaciones de calidad de los materiales y equipos instalados, así como tampoco la cantidad mínima de controles de compactación de rellenos y de resistencia de hormigones.
Licitaciones irregulares en Santiago
La tercera auditoría enviada a Fiscalía, corresponde a la denuncia por eventuales irregularidades en los procesos de licitación llevados a cabo por la Dirección General de Aguas de la Región Metropolitana para contratar trabajos de construcción, ampliación, mantención o reparación de su red hidrométrica, entre los años 2015 y 2017, es decir, en el gobierno anterior.
El informe dice que “se estableció que en 8 de los 20 procesos licitatorios revisados en esta fiscalización, las comisiones evaluadoras respectivas no advirtieron que el adjudicatario presentó documentación vinculada con sus antecedentes laborales que no era la expresamente requerida en las bases de licitación. No obstante, la Dirección Regional de Aguas Región Metropolitana procedió igualmente a adjudicarle las mencionadas contrataciones”.
En específico, Contraloría detectó que “los certificados de antecedentes o de obligaciones labores y previsionales presentaban adulteraciones evidentes, sin que dicha situación haya sido detectada por los integrantes de las comisiones evaluadoras en la revisión de las ofertas, pese a la disponibilidad de un medio electrónico al efecto”.
Más problemas en Arica
Por último, Contraloría detectó también problemas en la región de Arica y Parinacota, para el periodo comprendido entre enero de 2018 y enero de 2019, donde la Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP) no ha efectuado el cobro de la multa por un monto de, al menos, 715 UTM ($35.551.945 al valor de hoy), a cursar debido al incumplimiento de la empresa constructora Sicomaq Spa. Además se verificó que la DOP, no ha cuidado el buen uso de los recursos asignados, dado que aprobó para su pago una mayor cantidad de obra que la ejecutada para las partidas, suministro e instalación de geotextil, emplantillado muros de defensa de hormigón armado y emplantillado muros interiores y muretes, por montos de $612.371, $591.124 y $1.255.251, respectivamente, del contrato Construcción de Protecciones Costeras, por lo cual dicha entidad deberá acreditar documentadamente el reintegro de esos montos en un plazo de 30 días hábiles.
También se comprobó que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota presenta un saldo de arrastre en el “Balance de Comprobación y Saldos” al 31 de diciembre del año 2018, proveniente del período anterior, por $ 68.649.693, por lo cual dicha entidad deberá acreditar la recepción de las rendiciones de cuentas o el reintegro de los recursos en un plazo de 30 días hábiles.
