Un polémico proyecto se presentó en el Congreso de Argentina, firmado por cinco senadoras cercanas a las vicepresidenta Cristina Fernandez. Esta iniciativa ha causado revuelo en el territorio argentino, pues básicamente propone, un »control de convencionalidad» para las prisiones preventivas, las cuales pueden ser anuladas por una serie de supuestos.
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Entre estos supuestos, se encuentra la difusión en contra de quienes hayan cometido hechos de corrupción, si esto ocurre los imputados quedarían absueltos.
Básicamente, si los periodistas informan sobre una causa de corrupción y un juez le dicta al acusado la prisión preventiva, esa persona puede exigir que lo liberen, indica Clarín.
Uno de los argumentos que dieron las senadoras para pedir la anulación de la prisión preventiva fue: «la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”. Informó el Clarín.
Curiosamente este proyecto sólo beneficiaria a aquellos que han sido acusados delitos de corrupción, pero no a quienes ya se encuentren en prisión, sin una condena previa.
Finalmente, con esto se desafía claramente la libertad de prensa, y pone en debate las formas en que los jueces dictan sus sentencias, cuando se trata de delitos de corrupción.
