El Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y las direcciones de Estudios y Comunicaciones del Poder Judicial elaboró un informe que dio cuenta del la situación de los Juzgados de Garantía a lo largo de todo el país en el contexto del estallido social del 18 de octubre.
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Las cifras fueron dadas a conocer por la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, junto con cifras respecto de los principales delitos desde aquella fecha al 17 de enero del 2020. Entre estos datos sobre sale el hecho de que las ilegalidades de la detención que se incrementaron en un 77,7% en el trimestre analizado del año 2019, si se comparan con igual lapso del año 2018. En números totales hubo 1.928 declaraciones de ilegalidad en el periodo analizado, en contraposición con las 1.085 ilegalidades decretadas en el trimestre del año 2018.
Problemas con el paso a paso
Según el fiscal Marco Flores «el aumento de esta cifra está basada en el contexto del estallido social». El también académico de derecho penal de la Universidad Mayor, agrega que no solo cuenta la fragancia, sino que la policía, sea Carabineros o la PDI, debe llenar una serie de documentos, realizar lectura de derechos, ver si hay declaración de la víctima, tener el testimonio policial, entre otros. «Tras el estallido social, en una primera etapa el Ministerio Público los pasaba a control de detención pero no se hizo un análisis más profundo», añade el fiscal.
«Carabineros se vio sobre pasado y tuvieron que optar, en la práctica, entre preservar el orden o realizar los pasos. Finalmente, Fiscalía tomó la decisión de no pasar a todos a control de detención», explicó el académico.
Mejorar los procesos
La situación, según Flores, fue completa porque se enfrentaban a un fenómeno nuevo, con una gran cantidad de detenidos. «Ahora se debe ir aprendiendo de todo lo que ocurrió, y se deberá trabajar en pulir y mejorar los procesos», concluyó el fiscal. Desde el Poder Judicial también toman lo sucedido como una instancia de observación y aprendizaje. «Se debe tener especialmente presente que nuestro rol es conocer y resolver los asuntos de orden jurisdiccional que se someten a la consideración de los tribunales de justicia», dijo la ministra Chevesich.
