El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra tres ex generales directores de Carabineros, además de la ex ministra y ex subsecretaria de la institución, Javiera Blanco, en el marco del caso de fraude al Fisco, que supera los $28 mil millones.
La acción legal va en contra de los generales (r) Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, como asimismo va dirigida hacia otras 11 personas.
La querella fue declarada admisible por el 7° Juzgado de Garantía, donde se sindica a este grupo de personas por su presunta responsabilidad en el delito reiterado de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento de uso público, indica Biobío.
La acusación, va «contra de todos aquellos que, en definitiva resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores» de dichos ilícitos. También se incluyen en la querella a los generales en retiro Iván Whipple Mejías, exdirector de Finanzas; Flavio José Echeverría Cortez, exjefe de la Unidad de Intendencia de Carabineros; Aladino Francisco Alfaro Herrera, Jefe Zona Santiago Este; y Carlos Carrasco Hellwig, el ex director de Personal».
De acuerdo al CDE, la «intención es demandar civilmente a los querellados».
Según los hechos investigados por la Fiscalía Centro Norte, la ex ministra del Gobierno de Michelle Bacahelet y ex consejera del CDE, Javiera Blanco, fue incluida en la lista «de beneficiarios y receptores de la distribución ilícita de recursos públicos» mientras ejercía como subsecretaria de Carabineros, entre 2006 y 2010.
«Todo lo anterior se plasmaba en planillas Excel que incluían el grado, cargo y monto otorgado», añaden. «Estas listas eran propuestas al Director de Finanzas, quien por último las presentaba al General Director de la época, el que, en definitiva, determinaba a quiénes se destinaba el dinero de gastos reservados con abierta y evidente infracción dolosa a la disposiciones legales que regulaban el uso de gastos reservados», precisa la querella.
Además, se detalla que Blanco aparecía en las planillas de pagos «pese a no encontrarse dentro de las entidades autorizadas para recibir gastos reservados por ley de presupuestos del Sector Público».
Los montos recibidos fueron contrastados «con distintos antecedentes bancarios», «existiendo, además, distintas declaraciones que confirman la entrega, distribución y utilización de gastos reservados en moneda nacional por parte de la imputada».
El CDE asegura que Blanco recibió en calidad de subsecretaria «pagos improcedentes en su calidad de funcionaria público, entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010, una suma total no inferior a $47.300.000».
La querella indica así que entre los años 2006 a 2017, los generales directores querellados, responsables «de darles el empleo debido» a los dineros destinados para gastos reservados, «concertados» con los generales de Finanzas Whipple y Echeverría, «procedieron su sustracción, coludidos al efecto» con el resto de los imputados, incluida Blanco.
Finalmente, se dio a conocer que se ordenó a la PDI un peritaje contable para determinar el monto del perjuicio causado por la sustracción de dineros destinados a gastos reservados y los pagos recibidos por parte de los querellados.
