La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Talca sorprendió este miércoles al acoger un recurso de protección presentado en contra de la AFP Provida, y le ordenó restituir al recurrente José Eduardo González Uribe la totalidad de sus fondos previsionales en el plazo máximo de 30 días, además de pagar las costas del proceso.
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El fallo señala que se encontró con una «colisión de derechos» entre el de la seguridad social y el de propiedad, siendo el primero «futuro y eventual«, en el que se necesita que la persona esté viva, y el segundo es «inmediato» para el recurrente, guardando relación con sus condiciones de vida y el goce de sus derechos. Ante ello, la AFP no puede negarse a la entrega de los 23 millones de pesos que pertenecen a González.
Según la instancia judicial, «la seguridad social es por definición un derecho, más no una obligación para las personas».
La decisón fue adoptada con el voto contrario del abogado Abel Bravo, quien señaló que el afiliado «no ha sufrido amenaza, perturbación ni privación de derecho alguno«, y que no se podía estimar que Provida le haya negado sus dineros «por una acción u omisión arbitraria ilegal«.
González, quien recibe una jubilación mensual de 164 mil pesos, señaló que «me pone contento que al sistema sí se le puede doblar la mano. Eso sí, la Justicia tiene que abrir los ojos; los jueces, sobre todo”. También, sostuvo que «Chile se está poniendo viejo, y ¿qué hace el Estado, qué hace el Gobierno?«.
Al comentar el fallo, el presidente de Fundación Participa Daniel Ibáñez afirmó que «va en el sentido correcto, ya que el sistema de AFP es más bien expropiatorio» de los derechos previsionales, y dijo esperar que sea ratificado.
El abogado Luis Herrera, socio fundador de Trabajo Legal, recordó que Provida aún tiene la posibilidad de apelar, y así la Corte Suprema podria tener la ultima palabra, sin desdeñar que luego se pueda solicitar un dictamen del Tribunal Constitucional.
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Herrera, además, destacó que la decisión de la justicia talquina es «llamativa» y «no sigue la misma línea» que las sentencias entregadas por las cortes de Antofagasta y Punta Arenas cuando otras dos personas intentaron esta acción y fueron rechazadas por el TC.
Finalmente, recordó que en Chile los fallos de los tribunales no son obligatorios para otras causas.
El diputado Eduardo Durán, quien presentó el año pasado una indicación para que los afiliados puedan retirar sus dineros anticipadamente, apuntó a su vez que la base debe ser puesta en «avanzar en cambios que para que la gente obtenga una pensión que le permita vivir dignamente«.
