Tras la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca que ordenó a la AFP Provida restituir a José Eduardo González Uribe la totalidad de sus fondos previsionales en el plazo máximo de 30 días, el organismo que agrupa a las administradoras se manifestó en contra del dictamen, y manifestó que esperan que se reviertan en instancias judiciales superiores.
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El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, manifestó su esperanza de que esta situación se zanje rápidamente y no haya mayor “incertidumbre” en el tema.
Ante la consulta de que si esta decisión ha marcado un precedente en el sistema de las pensiones nacional, Larraín afirmó que podría entregar “expectativas” a otros afiliados de que podrían retirar sus dineros, lo que “de acuerdo a la legislación chilena no es posible, de acuerdo a los fallos no es posible”, y dijo esperar que no se inicie un movimiento de “judicialización” en la seguridad social.
Finalmente, el personero expresó que Provida no había realizado nada “ilegal o arbitrario”, como estima el tribunal.
En tanto, la ministra del Trabajo María José Zaldívar manifestó su sorpresa ante el fallo, diciendo que le habían sorprendido “mucho los considerandos del juez, porque tenemos un dictamen, todavía no está el fallo, pero ya está el principio que va a fallar el TC y además la ley es muy clara”.
Además, consideró el dictamen como “muy malo, pero sobre todo por lo que se plantea, que pone como contraposición el derecho de propiedad al de la seguridad social. Eso no es entender cuál es el fondo del asunto”.
En tanto, en la justicia se desarrolla un caso similar al de José González: Jimena González, de 69 años y que se encuentra diagnosticada con una enfermedad respiratoria terminal, solicitó ante la Corte de Apelaciones de Santiago retirar $170 millones desde la AFP Habitat.
El abogado Fernando Atria señaló que “la propiedad de los fondos es de los trabajadores, y resulta que la propiedad de los trabajadores no la pueden usar los trabajadores“, y que su defendida busca comprar un respirador para “vivir con dignidad el último año de su vida”. Se espera que una resolución sobre el tema se entregue durante las próximas dos semanas.
