«En estos momentos, ni siquiera tenemos asegurado una mascarilla o alcohol gel de uso propio». Así grafica Mauricio Acevedo, presidente de la Federación de Trabajadores de Farmacias, lo que ellos llaman la «nula y poco profesional» protección que el Gobierno y las empresas han demostrado con el personal que atiende en las farmacias a lo largo del país.
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Según comenta el representante de los trabajadores, el pasado lunes le enviaron una carta al ministro de Salud Jaime Mañalich con una serie de medidas urgentes para proteger a quienes tienen contacto con el público en los centros de distribución de remedios. Entre ellas estaba decretar un acceso restringido de no más de 5 personas en simultáneo por local, una medida de «compra responsable», además de obligar a las cadenas de otorgar mascarillas, jabón y alcohol gel a su personal, y de desinfección de los recintos. «Los que usan mascarillas corre por costo personal», asegura.
Hasta ahora, dicen, no han tenido respuesta. Acevedo afirma que hay mucha preocupación entre sus pares. «Los trabajadores de farmacias somos la primera línea, tal y como otros trabajadores de la salud, porque mantenemos el contacto directo con los enfermos. Pero lamentablemente, bajo las condiciones en que estamos, vamos a ser un foco de infección, cuestión grave porque si nosotros nos enfermamos, vamos a obligar al cierre y cuarentena de todo el local», afirma.
Para la Federación la desprolijidad es tal, que aún hay trabajadores de más de 60 años y embarazadas atendiendo en farmacias. «Incluso, hace un par de días recibí el llamado de un local donde llegó un paciente derivado desde la consulta médica, le diagnosticaron coronavirus y se fue a la farmacia a comprar medicamentos. Eso indica que la autoridad no está informando bien y que no es profesional que nos expongan sin tener protocolo», argumenta.
Los trabajadores demandan que cuanto antes se emita una circular y las empresas peguen afiches en las puertas de locales con medidas las contingencia. Además, dicen, «hacemos un llamado a legislar sobre la regulación de los precios de los medicamentos e insumos de primera necesidad. Es esencial, y por lo mismo la necesidad de cambiar la Constitución, para que el Estado proteja a los ciudadanos y no al bolsillo de las grandes empresas. Eso es fundamental».
