Con arresto domiciliario total quedaron los 13 adultos imputados por el delito de desórdenes públicos, vinculados a la «primera línea», luego que el juez Daniel Urrutia revirtiera la prisión preventiva que había sido decretada por la Corte de Apelaciones el pasado 13 de marzo, por estimar que existe alto riesgo de contagio de Covid-19.
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La resolución a la que tuvo acceso el medio En Estrado, señala que «los internos en prisión preventiva, al igual que todas las personas tienen derecho a la salud y es deber del estado velar por su cuidado, no exponiéndolos innecesariamente a contagios de la epidemia que puedan evitarse tomando las medidas razonables».
En la misma línea agrega que «as cárceles son recintos donde la posibilidad de contagiarse es altamente probable atendido el hacinamiento y la imposibilidad de que las medidas sanitarias mínimas puedan ser implementadas razonablemente, prueba de esto, es la persistencia de la enfermedad de la tuberculosis en la población carcelaria, que al día de hoy no ha podido ser erradicada de nuestras cárceles. A lo que se suma la cantidad de personas privadas de libertad con enfermedades de base que complicarían enormemente la respuesta del sistema de salud dentro de la población penal».
