La tasa de ocupación informal fue 30,4%, según el último reporte del INE. Este tercio de la fuerza laboral vio con lejanía la promulgación de la ley que permite a los trabajadores con contrato usar el seguro de cesantía para tener ingresos en medio de esta emergencia del coronavirus.
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“Uno de los acuerdos que se estableció en el marco del debate de este proyecto, es que el Gobierno analizará a la brevedad fórmulas para apoyar los ingresos de los trabajadores independientes”, decía la Ministra del Trabajo, María José Zaldívar ese día.
Y esa respuesta pendiente preocupa.“La informalidad muchas veces concentra múltiples formas de desprotección e inseguridad”, alerta Rossana Castiglioni, investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la U. Diego Portales. Subraya que este tipo de trabajadores, “la única forma que tendrán de subsistir es con la ayuda del Estado”.
Ingreso de emergencia
Pero ¿qué opciones hay? Hay un concepto que se vuelve a asomar: renta básica universal. “En varios países se estaba implementando como política pública” señala Claudia Sanhueza, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la U. Mayor, quien explica que esta medida se usó para enfrentar el reemplazo tecnológico en diferentes empleos. Para esta ocasión particular propone un “ingreso mínimo transitorio”, para el tiempo que duren las medidas de distanciamiento social.
La opción que plantea para quienes “boletean”, es incorporarlos al seguro de cesantía, y “se les calcule de sus declaraciones de impuestos sus ingresos”, para entregarles un monto por la emergencia.
Respecto de la primera opción planteada, la Cámara de Diputados aprobó el martes una resolución en la que le solicita al Gobierno crear una “renta básica emergencia”, un piso “para que cualquier familia tenga lo básico y que se complemente con la suspensión del pago de las cuentas básica y créditos”, explica el diputado Giorgio Jackson.
Más allá de ese acto de la Cámara, el parlamentario de Revolución Democrática indica que en conversaciones informales, el Gobierno no ha dado señales de acogerla, pero recalca que se le ha dicho de manera transversal que el bono covid-19 de $50 mil, recientemente promulgado, “es insuficiente por el monto y por la periodicidad”.
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La idea es que esta herramienta, que usaría la línea de la pobreza -hoy en $ 164.605 por persona-, en base al número de integrantes de la familia, para calcular un monto, “dure por el periodo de la crisis”, es decir, en principio tres meses.
¿Cuánto costaría? Entorno al 4,5% del PIB aproximadamente, donde el Estado debería apelar a endeudarse, pero que luego se pagaría con un nuevo pacto fiscal progresivo una vez superada la crisis.
