Desde que comenzaron las restricciones a nivel nacional producto del aumento del coronavirus, el tema del consumo de alcohol fue tema. Sin embargo, al notar que los problemas asociados a su consumo indiscriminado fueron al alza, como la violencia intrafamiliar, el debate alcanzó nuevos ribetes.
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Según cifras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, los llamados al número de ayuda que disponen aumentaron un 70% en épocas de cuarentena. Si un fin de semana común recibían 500 llamadas al Fono de Orientación en Violencia contra La Mujer (1455), durante el confinamiento la cifra se elevó a 900.
Esas estadísticas provocaron preocupación y llevaron a la diputada Ximena Ossandón (RN) a solicitarle al Gobierno que decrete Ley Seca en todo el país, lo que generó reacciones inmediatas.
Desde el Ejecutivo, eso sí, miran esa opción con distancia, pero reconocen que se están evaluando acciones. El tema, según fuentes de Palacio, sería abordado en una mesa social que se dispondrá «en el corto plazo», y que estará integrada por diferentes actores. La fórmula preliminar, detallaron, sería mayores restricciones a la venta.
Un ejemplo de esas limitaciones son las que se aplicaron en 7 comunas de la capital que permanecieron (y algunas aún los están) en cuarentena. En ellas se decretó el cierre de botillerías, y es la opción que se considera más viable de replicar. En Punta Arenas, por otra parte, se limitó la venta de alcohol a dos horas diarias. Se permitía a los locales de expendio este tipo de productos sólo entre las 9 a 11 de la mañana.
Ese mecanismo, en todo caso, podría traspasar las fronteras de Magallanes, pues justamente es un modelo que Ñuñoa está analizando. En el sector norte de la comuna, donde aún rige el confinamiento, las botillerías siguen cerradas, pero en la parte sur ya fueron habilitadas. El municipio está estudiando modificar la ordenanza para que en sectores sin cuarentena se pueda restringir la venta de alcoholes en supermercados y botillerías, aplicando una franja horaria.
Este tipo de acciones, de todas formas, no serían replicables de un día para otro en todo el territorio nacional. A juicio de Henry Campos, Pdte de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades, y alcalde de Talcahuano, se debe analizar la realidad de cada comuna a hora de decidir.
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«Cada comuna es distinta y, por lo mismo, reaccionan de manera diferente. Si vemos que en un determinado territorio hay demasiadas filas para entrar a una botillería, eso demuestra que sí hay que tomar acciones, pero tomar restricciones sólo por hacerlo podrían generar un problema mayor, como el del mercado ilegal», sostuvo en conversación con Publimetro. Por eso, su llamado al Gobierno es a que sigan conversando con los municipios, desde donde, según él, han podido adelantarse a una serie de acciones. «Nosotros vemos una realidad distinta a la que se ve desde las oficinas sólo con estadísticas», manifestó.
¿Puede el Gobierno implementar Ley Seca?
De acuerdo con el abogado César Rojas, asesor jurídico de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y experto en derecho público, el Gobierno claramente puede decretar una Ley Seca. Sin embargo, esto no puede ser una mera disposición administrativa, sino que requiere una modificación legal para poder implementarse.
Netamente desde la perspectiva jurídica, sostuvo que, al ser el expendio de alcoholes una actividad lícita regulada por ley. “El estado de excepción constitucional le da la facultad al Presidente de restringir ciertos derechos. Para aplicar la Ley Seca tendría que pasar por el Congreso, porque implica modificar la ley de alcohol”, dijo.
Según el detalle, si se pretende aplicar la mencionada determinación, se estaría en “contraposición” a lo que dice la Ley de Alcoholes, por lo cual, “se requiere otra ley que modifique la anterior y prohiba la venta”, explicó el jurista.
Así, Rojas agregó que hay normativa sanitaria que permite el cierre de determinados locales, pero en este caso, “habría que normar para afectar el ejercicio de esa venta lícita. Esto más allá de si es o no conveniente”.
Desde la misma perspectiva, manifestó que las restricciones que puedan fijar los alcaldes, deben ser siempre apegados a lo que les permite la ley.
“Lo que pueden hacer los alcaldes es fijar horarios dentro de los márgenes que la ley le da. Se fijan extremos y dentro de ellos se pueden fijar horarios, pero no privarlos del funcionamiento. En el fondo es una actividad comercial, por lo que el municipio no puede llevar y clausura, tiene que cumplir con los parámetros que le fija el cuerpo legal”, complementó el experto.
