La situación de los migrantes en el país se ha precarizaro producto de la crisis del coronavirus. Muchos han perdido su trabajo y las condiciones en las que viven son complejas. Para Benito Baranda, presidente de América Salidaria, esto era previsible, por lo que cuestiona el accionar de las autoridades.
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-¿Cómo analizan la situación en la que se encuentran los migrantes en medio de esta crisis sanitaria?
La situación de las familias migrantes se ha ido complejizando. Representan más de un tercio de quienes viven en campamentos. Son el porcentaje más alto de los que viven en cités, en terrenos compartidos. Las población migrantes más pobres, los que tienen menos ingresos y un trabajo informal, son las que están sufriendo más. En este caso le tocó a la comunidad haitiana, pero también a los dominicanos y colombianos.
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-¿Qué problemas se han ido agudizando para ellos?
La situación laboral se ha ido complicando tanto, que hoy no cuentan con trabajo. Muchos tenían trabajos informales en las calles. Lo que vivían antes de la crisis del coronavirus, que ya era una situación compleja, se ha complicado más y están teniendo graves dificultades. Hay municipios que se han movido mucho y se ha diferenciado los distintos tipos de migrantes, porque hay algunos estacionales.
-¿Cómo no se previó esto? Las autoridades hicieron un programa para «ordenar la casa».
Es que no se ordenó la casa. La casa no se ordena prohibiendo que ingresen, eso puede ser una parte, pero la casa se ordena proveyendo de condiciones similares a los ciudadanos de otros países que ya están en nuestro país, y que ya son parte de la fuerza laboral. La casa no se ordenó, las personas continuaron viviendo en esos cités en condiciones precarias. El tener una restricción para trabajar y además un problema sanitario grave, con mayor razón eso va a impactar en la pobreza y va a llegar a los campamentos, en los lugares donde hay hacinamiento.
Además, hay chilenos que se aprovechan de la precariedad para arrendar espacios casi inhumanos. En eso no ha habido supervisión de la autoridad. Hacen un poco la vista al lado frente a esto. Viven con mucho hacinamiento, pagando arriendos de explotación, y no hay ninguna autoridad que supervise esto y que sancione la explotación que se produce ahí. Es muy grave la situación.
-¿Se dejó de lado de parte del Gobierno esta arista ante la crisis sanitaria?
Esto tiene la génesis en que el anterior equipo del Ministerio del Interior centró sus medidas en poner restricciones al ingreso. Todas las organizaciones señalamos que era necesario saber qué íbamos a hacer con lo que ya vivían acá, cómo se iba a trabajar con ellos y cómo iban a acceder a la política pública. Eso, por supuesto, ha sido muy débil.
En el fondo, no se bajó esto a nivel local, todos los municipios donde tienen una gran cantidad de migrantes deberían tener buenas oficinas de inclusión de migrantes. Si las comunas tuvieran recursos suficientes, seguramente podrían haber enfrentado esto anticipadamente, porque es de conocimiento de la comunidad. Si no baja a nivel local la estrategia de inclusión de los migrantes, no vamos a tener éxito.
-Era evitable.
Por supuesto. Pero esto es un problema de la política en general de vivienda, porque volvieron a subir los campamentos. Íbamos descendiendo hasta el 2010, pero nuevamente se elevó en 2011 y en último catastro, de hace poco más de un año, ya tenemos más de 800 campamentos, eso significa más de 100 mil personas viviendo en campamento. Esto también afecta al resto de la población que vive en Chile.
-Se vienen meses complejos ¿Qué acciones se requieren?
Sin lugar a dudas acá tienen un rol protagónico los municipios. Si el Estado o el gobierno central no entiende de una vez por todas que los municipios son fundamentales, en relación a todas las políticas públicas, si no se escucha debidamente a las autoridades municipales para que la estrategia sea local, esto va a ser muy difícil. Hay municipios que tienen armadas oficinas potentes para trabajar con migrantes, que colaboran con la inclusión, pero esos municipios también van a tener problemas graves de recursos, porque van a tener menos. Hay municipios que se coordinan bien con las iglesias y lograr soportar el periodo más complejo, pero lo que se va a vivir ahora, requiere de bajar la estrategia a nivel municipal. Ahí el Estado tiene que dotar de los recursos para que en la crisis se pueda trabajar debidamente con ellos.
-También ha existido discriminación ¿Qué se hace con esto?
Ha surgido algo que es complejo, que más allá de la xenofobia contra los migrantes, hay un fenómeno que se llama aporofobia, que al migrante pobre es al que discriminamos, no al que tiene dinero. Por su puesto eso se evidencia en mayor medida con los migrantes afrodescendientes.
Acá todas las organizaciones comunitarias tienen que colaborar con la inclusión, todas las personas cargamos con prejuicios. Esto ha sido un cambio cultural fuerte y tenemos un carga de prejuicios que cuesta sacarse de encima. La invitación es a conocer a los otros, para que uno no vea al otro como una amenaza, como alguien que me trae algo extraño. El coronavirus llegó de Europa.
-Y no de la gente más vulnerable precisamente.
Esto partió en el barrio alto, no con la población migrante. Hay que ponerle racionalidad a esto. Hay que entender que si no trabajamos con las personas que tienen coronavirus, y los estigmatizamos, no vamos a resolver el problema de fondo.
-Se acusa a los migrantes de ser más irresponsables ¿Es una falsa generalización?
Es totalmente una falsa generalización. Inclusive la prensa a detectado ha autoridades chilenas que se iban a la playa con sus familias. Es parte del comportamiento humano. Yo veo a personas migrantes y todos con sus mascarillas, mientras que en Las Condes, me topo con chilenos que no aplican esas medidas. Es parte de lo que tenemos que hacer ver a la gente, que si no nos cuidamos todos nos causamos daño.