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El virus no distingue: Organizaciones presionan por registro temporal humanitario para migrantes

Cada semana, con el progreso de los contagios de coronavirus en el país, nuevas situaciones de precariedad quedan en evidencia. Y ciertamente, como la patología «no distingue», afecta tanto a nacionales como migrantes. Ese último grupo, que generalmente vive en condiciones menos ventajosas ha sido duramente golpeado. Las últimas semanas se han ido incrementando las denuncias respecto de situaciones de abandono que viven extranjeros en el país, y de discriminación.

De acuerdo con una medición realizada por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) en 49 de los 57 municipios con «sello migrante», las comunidades más afectadas con la pandemia serían la haitiana, la peruana y la dominicana. Y se evidencias como principales problemáticas el pago de los arriendos (100%), problemas de hacinamiento (95,8%), aumento de los trabajos informales (93,8%), discriminación (79,2%) y violencia doméstica (64,6%).

Según Andrés Chacón, director Ejecutivo de Amuch, los datos «nos muestra una compleja situación que requiere de soluciones multidimensionales, más recursos y agilizar aspectos administrativos del Estado».  En los mismos términos, el alcalde José Miguel Arellano, vicepresidente de la asociación, manifestó que se deberán buscar soluciones, «trabajar por una regularización más rápida, para que los migrantes puedan postular a las ayudas que se han dispuesto, fijar un subsidio de alimentación y agilizar procesos relacionados al otorgamiento de RUT definitivo».

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A juicio de las organizaciones sociales que trabajan con migrantes, como el Servicio Jesuita o Coordinadora Nacional de Inmigrantes, ha faltado adoptar medidas que vayan en línea con lo planteado por el edil. Pese a que el Gobierno ha insistido en que se han tomado medidas, como la extensión de la vigencia de cédulas de identidad caducas, para los organismos, estamos al debe.

Y así se analizó en el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde Tomás Vicuña, director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, instó a las autoridades a avanzar en un registro temporal humanitario para aquellas personas que están en situación irregular, que según el Gobierno ascienden a alrededor de 9 mil, para que puedan acceder a servicios básicos y  no terminen evadiendo controles sanitarios por temor a ser deportados.

«Lo más importante en la crisis es generar confianza, la comunidad tiene miedo. Por qué tiene miedo, por la mediatización de la política migratoria. Hay un susto al Estado y por esos recurren a la sociedad civil», manifestó.

El presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Héctor Pujols, coincidió con dicha idea, haciendo hincapié en que Chile debe tomar medidas, al igual que como lo ha hecho Portugal, España e Italia. «Se requieren medidas urgentes como la regularización, el virus no distingue. Toca mejorar las condiciones de las personas migrantes», manifestó.

El Gobierno, a través del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sin embargo, insistió en que las medidas para que extranjeros puedan acceder a servicios están garantizadas, pues la salu estaría por sobre todo. Además, recordó que, en estas condiciones, urge avanzar en la tramitación del proyecto general de migración.

Vicuña v/s Bellolio

En el marco de la sesión, el enfrentamiento entre José Tomás Vicuña y Álvaro Bellolio no pasó desapercibido. De hecho motivó la intervención de los senadores, que pidieron llevar el diálogo en otros términos. El conflicto: el número de migrantes irregulares.

Vicuña: «Si vemos las personas que han ingresado por pasos no habilitados, podemos hablar de 150 mil personas que están irregulares, en situación precaria».

Bellolio: «Me sorprende la liviandad de cómo se entrega la cifra. Hay una omisión brutal de la realidad (…) Yo por favor quiero pedir que dejen de mentir con esta materia (…) El número de irregularidades corresponde al 0,5% de los residentes, si tienen un número adicional, nos interesaría saber eso para hacer la denuncia respectiva».

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Vicuña: «Yo puedo reconocer un error y pido disculpas si me equivoqué, pero yo no voy a aceptar que me traten de mentiroso. Pido al Director de Extranjería que haga una disculpa pública. No es posible que se me trate de mentiroso».

Bellolio: «Uno llama al uso bien intencionado de las cifras y eso hoy no ocurrió…».

Vicuña: «¿Igual vas a seguir tratándome de mentiroso?».

Senador Letelier: Don José Tomás, el señor Bellolio tiene la palabra.

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Bellolio: Ahí queda de manifiesto cuál es la actitud.

Senador Letelier: «Lo cortés no quita lo valiente, el trato es muy importante entre nosotros. No estamos acostumbrados a las descalificaciones, le pido que pueda comprender que para nosotros es algo incómodo, por no decir violento. Usted es un director de servicio».

Bellolio: «Nunca mi intensión fue atacar de forma personal. Yo digo que la información se ocupó de cierta manera y si se sintió ofendido pido disculpas. No estoy diciendo que algo no es verídico, sino que se está agrupando de otra forma. Espero que acepte las disculpas tanto la Comisión como el afectado».

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Senador Insulza: «Si me pidieran disculpas así diría que se las guarde, francamente».

Bellolio: «Vuelvo a pedir las disculpas sin ninguna condición».

Héctor Pujols: «Es una muestra de como muchas veces se tratan a las diferentes organizaciones que tratamos de aportar».

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Bolivianos varados en Chile cumplirán cuarentena en Iquique

Gran revuelo generó durante la jornada la presencia de cientos de ciudadanos bolivianos acampando a las afueras del consulado en Providencia. Pasaron al menos tres noches en el lugar, a la espera que las autoridades de su país facilitaran ayuda para poder volver a territorio nacional.

Varios de ellos trabajaron como temporeros en Paine y Melipilla, y reclamaban no tener recursos para permanecer en Chile, por lo que quedaron desamparados. Mediante la intermediación de la Municipalidad de Providencia, fueron acogidos por el Arzobispado. 350 ciudadanos fueron ubicados en la parroquia Latinoamericana, y el resto fue distribuido en  la Casa de Retiros Sagrada Familia y la Parroquia Santa Cruz.

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Tras un encuentro que sostuvo el canciller Teodoro Ribera con el cónsul de Bolivia en Chile, y luego de comunicarse con la canciller boliviana, se informó que los ciudadanos serán trasladados a Iquique para cumplir con una cuarentena financiada por la Organización Nacional de Migraciones.

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«Los 14 días que estén estos ciudadanos en Iquique va a ser reconocida en Bolivia y una vez que ingresen a ese país, van a estar libres de otra cuarentena. Es una señal de colaboración relevante entre los dos países limítrofes», sostuvo el canciller, recordando que el coronavirus no reconoce fronteras.

Por su parte, el cónsul Gonzalo Montenegro, manifestó que “hemos buscado las mejores alternativas para resolver el problema que tenemos con mis compatriotas que están en calidad de calle. No podemos permirie que sigan en la calle”.

Al conocerse la medida de apoyo, sin embargo, nuevo ciudadanos bolivianos comenzaron a solicitar la ayuda, por lo que desde Providencia debieron aclarar que los albergues “lamentablemente ya coparon su capacidad máxima y no pueden recibir más personas”. “Ha llegado muchísima más gente y les quiero decir que para ellos no hay solución, porque no van a poder hacer la cuarentena en Iquique, y sin esta no los van a dejar entrar a su país. Por favor no venga más gente. Las personas que estaban se registraron en un listado y hemos buscado una solución”, detalló la alcaldesa Evelyn Matthei a través de un video que compartió en Twitter.

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