Desde marzo, un grupo de personas habita de manera ilegal la vivienda ubicada en avenida Salvador tras arrendar piezas a Jean Pierre Betancourt Aguilera, contra quien se presentaron acciones legales.
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El abogado de la víctima, Luis Gálvez, detalló que el querellado tiene antecedentes penales y que habría actuado de manera similar en tres oportunidades.
Una querella por los delitos de usurpación, estafa y daños simples presentó ayer la dueña de la vivienda que fue tomada por un desconocido para subarrendar a extranjeros, aprovechando que el inmueble –ubicado en la comuna de Ñuñoa- se encontraba en venta.
De acuerdo a la acción penal, patrocinada por el abogado querellante Luis Gálvez ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en marzo el sujeto identificado como Jean Pierre Betancourt Aguilera, se apropió de manera ilegal de la casa de Rosa Garrido Herrera, que se encontraba en venta, y desde entonces, comenzó a subarrendar las piezas, en su mayoría, a personas extranjeras.
El hecho fue alertado por los vecinos que informaron a la dueña sobre la llegada de un grupo de personas al inmueble –ubicado en avenida Salvador- quienes, incluso, habrían ingresado por el techo y posteriormente, cambiado las cerraduras. Por ello, explica el abogado, mantienen con cadena y candado el portón principal.
“Se trata de una banda organizada dedicada a usurpar inmuebles que, por diversas circunstancias, se encuentran desocupados”, detalló Luis Gálvez, enfatizando que “los sujetos actuaron en total impunidad al hacerlo durante el periodo de confinamiento obligatorio “y sin que mi representada pudiera actuar”.
Asimismo, recalcó que debido a las condiciones de hacinamiento en que viven las personas, “convierten a este lugar en un potencial foco de contagio de covid-19”, lo que podría constituir también, un delito relacionado con la crisis sanitaria “porque estas personas no tienen ninguna medida sanitaria”.
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De acuerdo a los antecedentes expuestos en la querella, el día 28 de abril la víctima, luego de los llamados de vecinos, concurrió hasta la propiedad de su madre de 91 años -quién se encuentra postrada e incapacidad dada su avanzada edad- para corroborar que un grupo de personas vivía de manera ilegal en su inmueble”.
En esa oportunidad, además, se percató que su casa había sido publicada en venta en el sitio Portal Inmobiliario y en otro creado –especialmente- para estafar a terceros, según se detalla en la acción penal.
Asimismo, agrega que el querellado habría firmado contratos de arriendo con cada una de las personas que viven en el lugar, quienes dormirían en el suelo, sin agua ni luz.
El caso, en tanto, quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente.