Caso luminarias: 3 concejales y 2 funcionarios municipales en prisión preventiva

Esto por una investigación por posibles hechos de corrupción en licitaciones relacionadas con la reposición del alumbrado público.

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Publimetro Chile
Por Aton Chile

Cohecho, violación de secreto, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita fueron los delitos imputados por la Fiscalía de Iquique en contra de los concejales, funcionarios municipales, particulares y representantes de las empresas de Itelecom y Elec detenidos en el marco de la investigación del caso luminarias, por posibles hechos de corrupción en licitaciones relacionadas con la reposición del alumbrado público en la nortina ciudad.

El fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, explicó en la audiencia que en virtud de una investigación iniciada por la fiscalía a mediados del año 2018, tras recibir una denuncia por violación de secreto del alcalde de la Municipalidad de Iquique, se establecieron diversas acciones ilícitas.

En estas aparecían involucrados privados que, concertados con la ayuda de funcionarios municipales, lograban la adjudicación de licitaciones públicas para la provisión de bienes y servicios a través del ofrecimiento y pago de beneficios económicos a distintas personas, afectando la transparencia, probidad e igualdad de oportunidades, con el consecuente perjuicio para el erario fiscal.

El fiscal detalló que los gerentes o representantes de las empresas Itelecom y Elec tomaban contacto con funcionarios municipales directamente o a través de intermediarios para, en una primera etapa, tomar conocimiento de las bases de licitación y adecuar sus propuestas a las mismas, elevando los costos de aquellas, ofreciéndoles parte de estos sobreprecios a los funcionarios públicos involucrados.

Así, esta retribución económica les permitía a las empresas tener acceso a la información y a la adecuación de bases y, posteriormente, asegurarse las adjudicaciones de las licitaciones.

En específico, el fiscal indicó que, de acuerdo a los antecedentes recopilados hasta la fecha, los representantes de Itelecom y los funcionarios públicos coordinaron un aumento de los valores de la oferta para la licitación en 500 millones de pesos a fin de financiar el pago de los sobornos respectivos, con la certeza de que esa propuesta era la que se iba a adjudicar, situación que se concretó finalmente.

La fiscalía dio también cuenta de una serie de correos electrónicos, interceptaciones telefónicas y seguimientos realizados por la Policía de Investigaciones que confirmarían las distintas conversaciones y reuniones sostenidas por los imputados en el caso luminarias, para asegurar la adjudicación a las empresas y la obtención de la retribución ofrecida.

Dada la gravedad y reiteración de los hechos, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los concejales G.C.V., A.L.V., M.C.T; del gerente general de Itelecom, M.L.H., y su subgerente P.G.G.; de C.U.B., quien operaba como intermediario de las empresas ; de los funcionarios municipales D.V.B. y T.V.F.; y de los particulares G.P.Y. y J.V.P., siendo este último la persona que fue hasta Santiago para recibir parte del pago acordado.

Para el concejal F.A.L. y el abogado municipal R.G.C. se solicitó el arresto domiciliario total, ya que la fiscalía indicó que ambos declararon reconociendo los hechos. La misma medida cautelar se pidió para los representantes de la empresa Elec, M.V.A., M.C.T. y M.V.F.

Si bien el magistrado Ricardo Leyton dio por acreditada la mayoría de los delitos esgrimidos por la fiscalía en relación a cada imputado, sólo acogió la solicitud de prisión preventiva para los concejales G.C.V., A.L.V., M.C.T y para los funcionarios municipales D.V.B. y T.V.F.

En relación a las otras privaciones de libertad pedidas, el magistrado estimó que el arresto domiciliario total era suficiente, considerando además la situación de la pandemia. Los imputados se encontraban detenidos en el cuartel de la PDI de Iquique, de donde salieron de madrugada los que quedaron con arresto domiciliario.

Además todos los imputados del caso luminarias quedaron con la prohibición de comunicarse entre ellos y en el caso de los concejales, de participar de sesiones del concejo municipal en que se discutan o se requiera de su intervención para la adjudicación proyectos públicos o cualquier intervención en que discutan fondos públicos.

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