Antes del coronavirus, Saundra Andringa-Meuer era una mujer saludable de 61 años, madre de seis hijos, que no fumaba ni bebía alcohol. Pero el COVID-19 la enfermó gravemente después de viajar desde su hogar en Wisconsin para ayudar a su hijo a mudarse de la universidad en Connecticut.
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La hospitalizaron en marzo, terminando en coma y con un respirador artificial durante 14 días. Los médicos le dijeron a su familia que tenía pocas posibilidades de vivir. Cuando se recuperó, le dijeron que era la paciente más grave por coronavirus que habían visto salir adelante.
Ahora, Andringa-Meuer, junto con docenas de pacientes de COVID-19 y algunas empresas estadounidenses, busca demandar a China por la propagación del virus, que ha matado al menos a 75.000 personas en Estados Unidos.
“Siento que lo escondieron del mundo y de los estadounidenses”, dijo. “No siento que debamos perder la boda o tener que cerrar la economía. Se interrumpió la vida de todos los estadounidenses. Creo que necesitamos corregir algunos de estos errores”, señaló la mujer.
Hasta el momento, se han presentado al menos nueve demandas en Estados Unidos contra China donde se alega que las autoridades no hicieron lo suficiente para contener al virus desde un inicio, trataron de ocultar lo que estaba sucediendo en la ciudad de Wuhan, donde comenzó el brote, y buscaron esconder sus acciones y lo que sabían.
Ocho de los juicios son acciones colectivas potenciales que podrían representar a miles de personas y empresas. Uno fue presentado por el fiscal general de Missouri, que hasta ahora es el único estado que ha emprendido acciones legales contra China.
Los casos enfrentan varios obstáculos bajo la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, que establece que los gobiernos extranjeros no pueden ser demandados en Estados Unidos a menos que se cumplan ciertas excepciones. Y eso no es fácil de probar, dicen los expertos.