La Cámara de Diputados aprobó durante la tarde de este martes el veto del Presidente Sebastián Piñera al proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, por lo que mañana miércoles la iniciativa será tramitada por el Senado. El veto sustitutivo y aditivo incluye 11 indicaciones que fueron votadas por separado.
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El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comentó que «el monto involucrado en estos tres meses de Ingreso Familiar de Emergencia significa más de 11 bonos Covid como el que aprobamos en este mismo Congreso, o se asemeja a todo gasto anual que acordamos con los parlamentarios cuando hicimos un aumento del 50% de las pensiones básicas solidarias».
Ante las críticas de la oposición, que consideran insuficiente el monto que involucra la iniciativa, Briones declaró que «hemos creado un fondo por 2 mil millones de dólares y ese fondo está disponible, no está para mirarlo, está para gastarlo, pero necesitamos tener recursos para más adelante porque esto sigue».
El veto sustituye el artículo 2 del proyecto, que hace referencia al Indicador Socioeconómico de Emergencia, para incluir una explicación respecto de cuál es su objetivo, qué es lo que mide y en qué se basa.
Además, señala expresamente que todos los hogares que integren el Registro Social serán caracterizados mensualmente de oficio a través de este nuevo indicador, por la Subsecretaría de Evaluación Social.
Asimismo, se adiciona un nuevo artículo 3 con los montos a entregar a los hogares señalados en el artículo 1, es decir, que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población nacional. El valor del primer aporte va desde los $65.000, cuando dicho hogar esté compuesto por una persona, hasta los $494.000, cuando el hogar esté compuesto por diez o más personas.
También se adiciona un nuevo artículo 5, el cual incorpora como beneficiarios a los hogares que, sin encontrarse entre alguno de los grupos que contemplaba el proyecto de ley original, pertenezcan al 80% más vulnerable de la población, y que esté integrado por uno o más adultos mayores de 75 años o más, que reciban una pensión básica solidaria de vejez.
