Concientes de que era una propuesta que no avanzaría, por ser considerada inadmisible, senadores de oposición presentaron hace algunas semanas un proyecto para derogar el decreto Ley 3.500, el que da pie a las AFP. Se trataba de una «señal política», como dijo a Publimetro el senador Juan Ignacio Latorre (RD).
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Sin embargo, para sortear la barrera de la admisibilidad y no hacer algo meramente testimonial, los parlamentarios encontraron una fórmula: presentar una reforma constitucional. De acuerdo con las apreciaciones que han recibido, está si sería acogida a trámite y comenzaría su camino en la Comisión de Constitución.
Según versa en el texto del proyecto de reforma, “considerando que el 60 por ciento de los países que habían privatizado los sistemas públicos de pensiones obligatorias han revertido la privatización, y teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos negativos sociales y económicos, se puede afirmar que el experimento de la privatización ha fracasado».
Así, se propone una reforma que modifica las facultades del Presidente, del Congreso y agrega Capítulo xvi sobre nuevo sistema de pensiones, deroga decreto ley 3.500 de 1980, nacionaliza los fondos de pensiones, traspasa funciones de las administradoras de fondos de pensiones y la superintendencia de pensione al instituto de seguridad social de Chile, «a objeto de proteger la propiedad de los trabajadores, hacer uso racional de los fondos de pensiones que garanticen la gobernanza tripartita de estos, se otorguen pensiones suficientes y de beneficios definidos, conforme a los estándares internacionales y normas de la organización internacional del trabajo».
Uno de los autores del proyecto, senador Alejandro Navarro(País-PRO), sostuvo en conversación con Publimetro que «la decisión de cambiar de técnica legislativa se funda en que hay muchos senadores mantienen su rechazo a las AFP, pero mantienen el criterio de que el actuar debe estar dentro de la constitución. Las facultades hoy monárquicas del Presidente señal que es el único que pude iniciar proyectos en materia de seguridad social».
