Uno de cada cinco chilenos sobreendeudados se están acogiendo a la Ley de Insolvencia

Encuesta ratificó que la pandemia del coronavirus agudizó los problemas económicos del país iniciados con el estallido social y obligó a muchos a declararse en quiebra.

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Publimetro Chile
Por Marcelo González

La crisis generada por la pandemia del covid-19 no sólo es sanitaria, sino que también financiera, por lo que ha golpeado directamente a la economía de las personas. Y ello lo refleja un estudio efectuado por Chiledeudas.cl, que dio a conocer detalles de esta cruda realidad: el 20% de los chilenos sobreendeudados que respondió la encuesta se acogió a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, la 20.720, por el factor coronavirus.

Asimismo, el 15% de las personas encuestadas está evaluando acogerse a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento como salida ante la pandemia, mientras que el restante 65% no ha pensado en ocupar esta vía.

“Preocupa bastante que uno de cada cinco chilenos sobreendeudados ya utilizaron esta herramienta legal. Y probablemente a fines de este año superaremos la barrera de los cinco millones de morosos financieros en el país, los que con seguridad deberán usar este camino”, alerta el director de Chiledeudas.cl, Guillermo Figueroa.

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El Gobierno presentó una serie de medidas que buscan resguardar el empleo de las personas, y también garantizarles, a través del Seguro de Cesantía del trabajador, un ingreso en periodos de crisis sanitaria.

Entre las razones para acogerse a la norma dadas por las personas que lo hicieron destaca la crisis por el covid-19, con el 22,7%. Siguen la falta de acceso a un refinanciamiento real, con el 17,5%, una mala administración financiera, con el 15,5%, y la suma de la pandemia con el factor estallido social, con un 8,5%.

Del total de quienes respondieron la encuesta de Chiledeudas.cl, a un 30% no le han disminuido su sueldo en la empresa en la que trabaja. Al 21,7% la despidieron por la crisis del covid-19. Al 21,1% le bajaron el sueldo en más de 50%, al 14,7% entre 30% y 50%, y al 12,5% en el rango de 10% a 30%.

“La combinación entre nulos o menores ingresos mensuales es letal para un sobreendeudado. Por eso las distintas entidades financieras y el Estado deben incrementar sus medidas de apoyo para la gente más allá de lo anunciado hasta el momento, con flexibilidades en el pago de las deudas que no impliquen un nuevo crédito, con los gastos asociados que significa”, recalca Guillermo Figueroa.

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Según el informe de la USS hay un aumento del 4,6% respecto del mismo trimestre de años pasado.

Además, un 56,3% de las personas encuestadas por Chiledeudas.cl no han optado por la posibilidad de refinanciamiento crediticio otorgada por los bancos, el 10,7% sí la ha tomado y el 33% se encuentra evaluando tomar la opción por la pandemia.

“Lo inquietante es que el 37,6% de estas personas encuestadas cree que esta vía entregada por los bancos es un abuso al consumidor vulnerable por la crisis. El 35,4% afirma que es un negocio de las empresas y no un beneficio. El 14,3% opina que no es lo ideal, pero que sirve. El 8,8% asegura que es totalmente insuficiente. Y sólo el 3,8% manifiesta que es conveniente y que le fue de utilidad”, detalla el representante de Chiledeudas.cl.

PROYECTO PARA CAMBIAR LA LEY

Hace pocos días, el diputado RN Eduardo Durán se reunió con el ministro de Economía, Lucas Palacios, y con el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, para presentarles su propio proyecto que busca reformular la Ley 20.720, más conocida como Ley de Quiebras, con el objetivo de que los afectados puedan realizar este trámite de forma más rápida, sencilla, y sin sufrir algún tipo de discriminación.

Los pilares de la iniciativa son la modificación de los requisitos de admisibilidad del procedimiento como, por ejemplo, la relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales, la reducción del monto para declararse en quiebra, pasando a 2,3 millones de pesos, y la prohibición expresa de todo tipo de discriminación arbitraria.

Con lo último se busca evitar todo tipo de discriminación financiera a quien se ha acogido a la ley, especialmente luego de dictada la resolución de término, no siendo ni pudiendo ser una vía de justificación de ningún tipo de trato menos favorable.

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