El Juzgado de Garantía de La Serena dejó en prisión preventiva a R.C.C.M., imputado por los delitos de poner el peligro la salud pública (artículo 318 del Código Penal) y diseminación de gérmenes patógenos (artículo 316), debido a que escupió a trabajadores de la salud cuando aún era paciente activo de covid-19. Ayer fue dado de alta y formalizado.
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En audiencia por teleconferencia, el magistrado Pedro Rojas Castro ordenó el ingreso de R.C.C.M. al Complejo Penitenciario Huachalume de la ciudad, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.
«Se debe tener presente que el imputado fue dado de alta del hospital de La Serena, por lo tanto, ingresarlo al complejo penitenciario de ciudad no constituye peligro ni para él, los funcionarios, ni para el resto de la población penal, teniendo además presente las medidas sanitarias que se informaron que el complejo penitenciario tiene para evitar algún tipo de contagio», resolvió el juez.
Según expuso la Fiscalía de La Serena en la audiencia, el lunes 11 de mayo, el imputado R.C.C.M., quien se encontraba con cuarentena obligatoria por diagnóstico positivo de covid-19 del 6 de mayo, se ausentó desde las 15 horas y hasta las 3 de la madrugada de su domicilio, ubicado en el sector de El Milagro 1, incumpliendo la restricción sanitaria y el toque de queda.
En tanto, aproximadamente a las 16:30 horas del jueves 14 de mayo recién pasado, al ser reingresado al hospital de la ciudad -después de haberse fugado dos horas antes del mismo centro de salud donde se encontraba en cuarentena-, R.C.C.M. escupió a seis funcionarios que intentaron controlarlo, diseminando con ello gérmenes de la enfermedad y logrando nuevamente huir del lugar.
Tras la audiencia, el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, indicó que las penas probables por ambos delitos van desde los 541 días a 10 años de privación de libertad, ya que el imputado tenía condenas anteriores.
Agregó que la investigación se centrará en tomar declaraciones más precisas de todos los testigos empadronados en el hospital, recopilar medios audiovisuales, rescatar fichas clínicas y otras diligencias para acreditar los ilícitos.
En tanto, Nicolás Anticevic, abogado querellante del Servicio de Salud, señaló que “no vamos a aceptar que pacientes o familiares de pacientes agredan a nuestros funcionarios sin motivo incluso, sobre todo en este caso con 6 funcionarios que quedaron inhabilitados de seguir trabajando”.
