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El ministro de Salud Jaime Mañalich ordenó que el sistema privado de salud ampliara el porcentaje de camas, en medio de esta pandemia del coronavirus. «De aquí al domingo deben haber aumentado en un 20% su capacidad UCI y, al 15 de junio, duplicar sus cupos para hacer frente a la demanda hospitalaria por el covid-19». Esa fue la orden.
De acuerdo a lo que hoy publica La Tercera PM, el gremio no tomó muy bien los dichos del secretario de Estado.
Aunque la tensión ha amainado con la irrupción del exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, como coordinador del programa de expansión de la red privada, quien ya ha tomado contacto con varios recintos, hoy el subsecretario Arturo Zúñiga hizo alusión a Clínica Las Condes en particular, y a las pocas camas que había reconvertido o anexado.
La doctora May Chomalí, subdirectora médica del Comité Covid-19 de CLC, dijo al medio que en marzo, al inicio de la pandemia, la clínica contaba con 32 camas autorizadas por la autoridad sanitaria, de las cuales en ese momento solo 22 se estaban usando como intensivas.
Al 6 de abril, se hizo un primer aumento de diez camas para completar las 32. Esa fue la línea basal que el establecimiento le informó a la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) del Minsal. El 12 de mayo, dice Chomalí, se aumentó con dos camas más de la UCI pediátrica.
El 20 de mayo se abrieron cuatro cupos más en los pabellones y hoy van a abrir otros tres más en esa misma área. La doctora agrega que proyectan que para el 1 de junio van a disponer de otros cinco cupos más en la sala de recuperación con máquinas de anestesia, para finalmente llegar al 15 de junio con una expansión que les permita llegar, finalmente, a un total de 64 camas intensivas.
La facultativa además detalla que hoy cuentan con 62 pacientes Fonasa lo que se traduce en que el 43% de los hospitalizados en CLC son del sistema público. De todos ellos, solo 25 fueron derivados al recinto a través de la UGCC y los otros 37, según afirma Chomalí, “llegaron directo a tocarnos la puerta”. Estos últimos son traídos por las familias, ingresados por la Ley de Urgencia y se pagan a través de la UGCC, es decir, con los aranceles que fijó Fonasa.
