El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó el viernes la toma inmediata de todos los inmuebles y activos de la empresa de televisión por suscripción DirecTV, tres días después de que la compañía cesó sus operaciones en la nación sudamericana.
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El máximo tribunal ordenó a la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) «tomar posesión inmediata» de los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centros de operaciones y de transmisiones, antenas y cualquier otro equipo de la empresa», señaló un comunicado que difundió la Corte en las redes sociales.
Asimismo, admitió una acción de amparo de un grupo de usuarios y ordenó a DirecTV, filial de la corporación estadounidense AT&T, «continuar de manera inmediata» con la prestación del servicio, que suspendió sorpresivamente el 19 de mayo alegando que no podía cumplir con las regulaciones de Venezuela y Estados Unidos.
Los magistrados de la Sala Constitucional conminaron a Conatel a designar una junta administrativa ad-hoc en DirecTV, la cual estará presidida por Jorge Márquez, que tendrá las «más amplias facultades de administración» para garantizar el inmediato restablecimiento del servicio y los derechos laborales de los trabajadores de la compañía, agregó el escrito.
El cese de operaciones de DirecTV, que controlaba 45% del mercado local de televisión por suscripción, dejó sin empleo a unos 600 trabajadores y representó un duro golpe para cerca de 10 millones de usuarios que quedaron sin uno de los principales entretenimientos en medio del confinamiento que mantienen las autoridades desde mediados de marzo para hacer frente a la pandemia del coronavirus que ha dejado 872 contagiados y 10 fallecidos.
AT&T dijo el martes en un comunicado que su filial DirecTV cesó sus operaciones en el país sudamericano debido a que era «imposible» que su empresa «cumpla con los requisitos legales» de Venezuela y Estados Unidos.
Por un lado, Washington había decidido no renovar una licencia que le había otorgado a AT&T para continuar transmitiendo el canal de noticias venezolano Globovision, propiedad de un empresario cercano al gobierno que es buscado por supuesto lavado de dinero en Estados Unidos, y el canal de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A., que también está sometida a sanciones.
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DirecTV estaba obligada también por regulaciones venezolanas a mantener en su programación un porcentaje de al menos 8% de medios estatales y locales que con la salida de Globovisión y el canal de PDVSA ya no podía cumplir, lo que podía acarrearle sanciones, según explicaron representantes del sector y analistas.
AT&T se sumó esta semana a una larga lista de empresas extranjeras como Kimberly-Clark, The Kellogg Company, General Motors y Pirelli, entre otras, que han salido de Venezuela en los últimos años debido a la compleja crisis económica y los controles estatales que han afectado las operaciones y ganancias de las compañías.
La presidenta de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción, Evelyn González, afirmó que la salida de DirecTV representó una «enorme» pérdida para el sector debido a que 10 millones de personas resultaron afectadas.
González dijo esta semana a una radio local que el sector de la televisión por suscripción viene sufriendo desde hace varios años «una caída importantísima en sus ingresos» debido a las regulaciones locales que mantiene controlados los precios de los servicios.
«No es posible que un servicio de alta tecnología cueste un dólar», sostuvo la ejecutiva, y agregó que desde hace ocho años las inversiones en el sector han mermado debido a las regulaciones de precios.
