Centenares de personas marcharon el lunes en Ecuador para exigir comida, salud y trabajo, en medio de la contingencia del coronavirus. Al mismo tiempo, expresaron su repudio a medidas económicas y laborales del gobierno del presidente Lenín Moreno.
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El mandatario dispuso el cierre de ministerios y empresas estatales para afrontar la dura crisis económica que afecta al país debido al impacto de la pandemia del coronavirus y de la sustancial reducción del precio del petróleo.
La mayoría de los manifestantes en ciudades como la capital, Guayaquil, Cuenca y Loja, entre otras, llevaba mascarillas y hasta guantes para prevenir el contagio del virus, pero se observó también personas que no tenían protección alguna, mientras decenas de vendedores informales se mezclaban entre la gente para lograr alguna venta tras 70 días de riguroso confinamiento y alejamiento social debido a la pandemia.
La convocatoria fue realizada por sindicalistas, estudiantes y otros sectores sociales afectados por la situación que registra el país donde hace dos meses al menos 150.000 personas han quedado sin trabajo, según las autoridades.
«Estamos protestando contra las leyes de este gobierno tan injusto», dijo la manifestante Blanca Caiza, en la capital, mientras el vendedor informal Raúl Carrillo señaló: «Si el coronavirus no nos mata, vamos a morir de hambre, la familia ya no tiene qué comer hace tiempo, hay que buscar la vida».
Ecuador suma hasta ahora más de 37.300 contagios y 3.203 fallecidos, aunque hay otros 2.026 que murieron probablemente por la enfermedad pero a los que no se les practicó las pruebas a tiempo, de acuerdo con el gobierno.
El dirigente del partido Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, dijo: «Esta es una jornada por la vida, nos han hecho salir a las calles para defender la vida, la salud, la educación… estamos contra la ola de despidos», se quejó durante la marcha el dirigente del partido Unidad Popular, Geovanny Atarihuana.
El gobierno del presidente Moreno dispuso hace una semana el cierre o fusión de ministerios, empresas públicas y otros organismos estatales en un esfuerzo por reducir en algo el gasto fiscal ante la caída del precio del crudo y la paralización de la economía por la pandemia.
