La sala de la Cámara de Diputados aprobó, en general, por 103 votos a favor y 45 abstenciones, el proyecto que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula por parte de instituciones de educación superior durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe.
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La iniciativa, que se votó conforme al texto acordado por la Comisión de Educación, fue devuelta a dicha instancia para la elaboración de un segundo informe, el cual también pasará por la Comisión de Hacienda.
El nuevo estudio deberá tratar las indicaciones presentadas, así como precisar algunas normas, principalmente, la relativa al articulado transitorio, que permite que los estudiantes que tengan una situación financiera menoscabada puedan solicitar en 2020 la suspensión del año académico con la exención de cargos adicionales, en relación con el avance académico semestral.
En el debate, la norma fue duramente cuestionada por el oficialismo, al estimar que pondría en riesgo la sustentabilidad del sistema universitario, argumento que también defendió con fuerza el Gobierno que, además, refutó la opción que se plantea para abrir un nuevo y excepcional período de postulación a la gratuidad, la que estimó inadmisible por tratar un tema de exclusiva iniciativa del Ejecutivo.
La oposición, en tanto, defendió la propuesta legal y remarcó la necesidad de hacerla vigente con prontitud, de modo de alivianar la carga de muchos estudiantes que se encuentran afectados por la crisis económica derivada de la pandemia.
El proyecto dispone que, a raíz de la emergencia sanitaria, las instituciones de educación superior deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga como objetivo apoyar la continuidad de la formación de sus estudiantes, que deberá incluir, a lo menos, las medidas académicas y económicas que se deberán tomar durante el año 2020, haciendo especial énfasis en aquellas que se adoptarán respecto de los estudiantes que acrediten que su situación socioeconómica se ha visto menoscabada.
Para lo anterior se tomará como referencia que el estudiante o algún miembro de su grupo familiar haya perdido su empleo y que se encuentre acogido al seguro de cesantía o se haya suspendido su relación laboral o visto reducida su jornada.
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En caso de que se establezcan medidas de flexibilización económicas en donde se acuerde una modalidad diversa de pago o en el número de cuotas, el cambio en dichas condiciones no podrá generar intereses ni multas por mora.
Las instituciones tendrán un plazo de un mes desde la publicación de esta ley para la presentación del plan (el que quedará sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior), el que será de carácter público y difundido a través de la página web institucional u otro medio idóneo.
Además, no se podrán aplicar sanciones por el incumplimiento del pago de arancel y derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación, o condicionar la prestación del servicio educativo al pago de estas, a los estudiantes de educación superior que cursen carreras y programas de estudios de carácter presencial, semipresencial o a distancia, conducentes a los títulos de técnico de nivel superior, profesional y licenciado.
Por último, toda transgresión de lo recién indicado constituirá una infracción grave. Además, el Ministerio de Educación deberá abrir un nuevo y excepcional período de postulación a la gratuidad y demás beneficios estudiantiles para el segundo semestre del año 2020.
El diputado por Atacama, Juan Santana, quien fue el que presentó la iniciativa, indicó que “si la educación superior fuera un derecho social universal, y existiese financiamiento basal suficiente, esta discusión no sería necesaria».
«Las instituciones tendrían la tranquilidad de contar con los recursos necesarios para su funcionamiento, y las y los estudiantes no tendrían la profunda incertidumbre que hoy día los embarga, en relación con su permanencia”, agregó.
Para cerrar, Santana explicó que “se habla permanentemente de prioridades, de que no hay recursos suficientes. Esa es la respuesta que el gobierno utiliza para todo, y también en este debate sobre aranceles».
«Lo cierto es que, si no le damos la tranquilidad a las y los estudiantes, que no serán desvinculados de sus instituciones, en caso de que no puedan pagar sus aranceles, solo seremos espectadores de la intranquilidad que conlleva a que los trabajadores no se queden en sus casas”, añadió.
