La web informativa Interferencia dio cuenta el último domingo de un hecho que podría significar graves consecuencias en el Ministerio de Salud: que el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga, contrató por 205 millones de pesos una residencia sanitaria para enfermos de coronavirus que estaría vinculada a un alto funcionario del Minsal, el jefe de la División de Atención Primaria y encargado justamente de coordinar esos recintos, Orlando Durán.
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Según el reportaje, la empresa Hotel Clínico SPA iba a facilitar 40 habitaciones en Mosqueto 552, barrio Bellas Artes de la comuna de Santiago, para ser utilizadas como residencias sanitarias para pacientes de covid-19 que no pueden cumplir con la cuarentena en sus hogares.
Y la firma del Minsal que aprueba este negocio es del subsecretario de Redes Asistenciales, quien este mismo domingo declaró que “iniciamos un sumario el día 29 de mayo. Yo mismo lo instruí, para poder aclarar con la verdad. Y al mismo tiempo instruí que no se haga ningún pago hasta que esto se dilucide”.
Y Orlando Durán le dijo a Interferencia que todo se debió al error de una funcionaria del Minsal, llamada Jenifer Quiroz, quien estuvo a cargo de redactar la “minuta de trato directo”.
“Esta situación me generó gran molestia y solicité a subsecretario (Zúñiga) que se investigue para evitar que se enlode mi imagen”, explicó Orlando Durán al medio vía correo electrónico.
Pero el diputado de RN Andrés Celis, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, anunció este lunes 15 de junio que recurrió a la Contraloría General de la República por este hecho.
“Le pido a la Contraloría que ejerza las acciones que correspondan para determinar si el sumario iniciado por la subsecretaría de Redes Asistenciales se ajusta a derecho y además sean analizadas las demás aristas de infracciones administrativas que pudieran estar presentes”.
El parlamentario agregó que “sabemos que hay un proceso sumarial iniciado, pero es imprescindible que se verifique si dentro de éste se cumplen las normas correspondientes. Podríamos estar frente a infracciones graves al deber de probidad por la potencial irregularidad del proceso, especialmente teniendo presente que esta empresa se constituyó presumiblemente para estos servicios, por lo que la participación de la Contraloría es sumamente importante… También le pedí mediante oficio al subsecretario Arturo Zuñiga que detalle cuándo instruyó el no pago de los servicios aludidos y si se realizaron pagos anteriores”.
