Fiscalías investigarán a siete empresas sospechosas de hacer mal uso de permiso colectivo

Este lunes se inició una fiscalización por parte del Gobierno para evitar que las empresas hagan mal uso de la prerrogativa y llamen a sus trabajadores a realizar labores no esenciales en zonas en cuarentena.

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Publimetro Chile
Por Agencias

El fiscal nacional, Jorge Abott, solicitó a los fiscales de las regiones Metropolitana Centro Norte y Oriente, de Valparaíso y de Antofagasta iniciar investigaciones penales de oficio por presunto incumplimiento de medidas sanitarias en al menos siete empresas que solicitaron permiso colectivo ocupando, de manera falsa, la condición de “esencial”.

En específico, apunta a compañías que, sin serlo, declararon ser consideradas "esenciales" para el funcionamiento del país con tal de poder solicitar los nuevos permisos únicos colectivos en Comisaría Virtual, vigentes desde la semana pasada sólo para servicios de utilidad pública, seguridad y de prensa para el desplazamiento de sus trabajadores.

Entre las empresas investigadas están Growing, Box Logística, Colgram (Colloky y Opaline), Fashion Park, Reinke, Acciona y el Sporting Club Viña.

Este lunes, el Gobierno inició una estricta fiscalización a las empresas que estan cambiado de giro o inciando uno nuevo con el fin de disfrazarse de esenciales y, de esa manera, obligar a sus trabajadores a cumplir funciones en sus instalaciones.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que "todas las empresas que estén realizando cambio de giros o nuevos giros tienen que saber que están siendo visualizadas por el Servicio de Impuestos Internos, que nos está notificando de cada una de esas empresas".

Éste fue el objetivo de la fiscalización que realizó este lunes la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en compañía del prefecto inspector Iván Villanueva, de la Policía de Investigaciones (PDI) y el equipo de la Seremi de Salud Metropolitana, en las comunas de Conchalí y Colina.

La primera empresa en ser fiscalizada fue la tienda Fashion’s Park, ubicada en Conchalí, luego de que una denuncia informó que presuntamente se estaba obligando a los trabajadores a asistir al lugar. Por lo mismo, la PDI y la Seremi de Salud iniciaron una investigación a fin de determinar si se incumplieron de alguna manera las normas sanitarias.

“Se está verificando si ha existido ese tipo de incumplimiento. Se ha levantado por parte de la Seremi de Salud toda la evaluación respecto de la situación sanitaria del lugar. También por parte de la PDI se va a tomar y se va a solicitar todos los requerimientos para verificar si existió en los días anteriores el incumplimiento de la normativa”, señaló Matorell.

Por la tarde, en tanto, las autoridades se trasladaron hasta Colina, donde se fiscalizó la tienda Rollux y se inició el correspondiente proceso investigativo para dilucidar si hubo incumplimientos sanitarios o desde la perspectiva penal.

La empresa, que se dedica a la confección de cortinas, había realizado un cambio de giro repentino que apuntaba al rubro de las farmacias, y en su interior se encontraron más de 20 trabajadores realizando labores y actividades que no están definidas como esenciales. Además, en el ingreso se encontraba un cliente que esperaba retirar un pedido de cortinas.

“Adentro está lleno de trabajadores confeccionando cortinas. Eso no es primera necesidad y por eso esperamos que se aplique todo, todo el rigor de la ley con los responsables”, expresó la subsecretaria. Martorell expuso también que se han endurecido las penas para las empresas que hagan mal uso de los permisos o no cumplan las instrucciones de la autoridad.

“La señal es sumamente clara. Aquellos empresarios que piensen que pueden obligar a sus trabajadores, buscando alguna artimaña para hacerlos trabajar cuando no son rubros esenciales, enfrentan penas de delitos que pueden alcanzar incluso los tres años de privación de libertad”, manifestó.

Junto con esto, la autoridad explicó que la nueva ley contempla multas que pueden llegar a los 12 millones y medio de pesos, las cuales se adicionan a los sumarios sanitarios, que pueden acarrear sanciones de hasta 50 millones de pesos, e incluso el cierre de la empresa.

La subsecretaria mencionó que estas fiscalizaciones continuarán en el tiempo y que se hará especial hincapié en aquellas empresas que hagan mal uso del Permiso Único Colectivo.

Finalmente, se informó que a partir de este martes se habilitará en el sitio web https://denunciaseguroweb.spd.gov.cl/, la posibilidad de que la ciudadanía denuncie de manera anónima a las empresas que están incumpliendo la normativa sanitaria.

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