La cara más dura de la crisis: jardín infantil clausurado cuidaba a los hijos de las trabajadoras de Fruna

La sala cuna ubicada en Maipú funcionaba con una autorización falsa. Las autoridades anunciaron duras querellas contra los responsables de la empresa.

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Publimetro Chile
Por Publimetro

Durante la mañana de este viernes, Carabineros junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, fiscalizaron en la comuna de Maipú un jardín infantil que funcionaba de manera ilegal durante la cuarentena.

La sala cuna, ubicada en la avenida Pajaritos, era destinada para los hijos de las trabajadoras de la empresa Fruna, la que había proporcionado un certificado de autorización que les permitía funcionar.

Sin embargo, dicho documento no tiene ninguna validez, según explicaron las autoridades. "Un certificado que no tiene ningún asidero, no está regulado, no existe en la normativa y tampoco en los instructivos que señalan que ellos como empresa Fruna autorizan, no sé con qué autoridad, a funcionar a un establecimiento educacional, en este caso parvulario, sin contar con ningún tipo de resolución sanitaria", explicó Martorell.

"No existe ese tipo de certificado, la empresa no está autorizada a contradecir una normativa sanitaria como es el no funcionamiento de los jardines infantiles", señaló la subsecretaria.

La autoridad, junto a la seremi de Salud metropolitana, Paula Labra, anunciaron las máximas sanciones contra el representante legal de Fruna y la sostenedora del jardín infantil y sala cuna de Maipú.

"Lamentablemente en este lugar hay niños, lo que no está permitido y de lo que se puede ver tampoco cumpliendo la normativa de salud respecto de esos niños", añadió la subsecretaria en referencia a los cuatro lactantes encontrados en el lugar junto a tres asistentes parvularias.

Las irregularidades detectadas, como el permiso falso que conlleva declaraciones juradas falsa en Comisaría Virtual, exponen a la empresa Fruna y a la sostenedora a enfrentar penas que pueden llegar a los tres años de cárcel, más multas de 12 millones en materia penal y de hasta 50 millones en lo sanitario.

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