Polémica en medio de la pandemia del covid-19. La subsecretaría de la Prevención del Delito, Katherine Martorell, enfrenta una querella por supuestos delitos de corrupción cometidos en la licitación que se adjudicó la empresa Motorola por más de $378 millones para la compra de 300 cámaras corporales para Carabineros.
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La querella, interpuesta por la empresa de seguridad informática Pegasus en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, también incluye a los cinco miembros de la comisión evaluadora. El libelo acusa prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Según informa radio Bío Bío, Pegasus -representante de la multinacional Hytera en el proceso– afirma en la querella que se trata de un proceso de licitación «absolutamente viciado», con el único fin de favorecer a Motorola en el proceso que culminó el 11 de marzo pasado.
En tanto, Martorell aseguró que todo el procedimiento se apegó íntegramente a los principios de probidad administrativa.