Fundación Iguales presentó un análisis en torno a la ley antidiscriminación número 20.609 de, con el objetivo de entender su impacto, fortalezas y falencias a 8 años de su promulgación. En este informe, se dio a conocer que el 2019 se presentaron 66 denuncias a lo largo del país, mientras que durante el 2018 fueron 70 y el 2017 hubo 72.
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Dentro de esto un 31,8% corresponden a personas denuncias de personas en situación de discapacidad que fueron marginadas y vulneradas en distintos contextos. Es por ello que Fundación Ronda expone la importancia de promover y garantizar el principio de igualdad, y que esta normativa, además de ser sancionadora, sea una ley que establezca la prevención, fortaleciendo una institucionalidad que se preocupe por la educación y concientización de toda la sociedad, además del seguimiento y fiscalización de posibles casos de discriminación. Así mismo visibilizan la relevancia de la sanción y erradicación de todo acto discriminatorio, a través de generar fuertes multas e indemnización a las víctimas como medidas reparatorias.
Según Alessia Injoque, Presidenta Ejecutiva de Fundación Iguales “La ley representó un avance, pero su impacto es limitado y necesita reformas. La multa es baja, no existe una reparación a las víctimas, el estándar de prueba es demasiado exigente y se limita a una reacción punitiva, sin un enfoque en prevenir la discriminación”
En este sentido, Fundación Ronda se suma a la labor que está realizando Iguales, con quienes tienen una relación de colaboración, por lo que ya han levantado acciones para apoyar la reforma de la Ley 20.609, y por lo que ambas organizaciones ya fueron invitadas a exponer sus planteamientos de mejoras, ante la Comisión de Derechos Humanos, Ciudadanía y Nacionalidad en el Senado. Además, ambas organizaciones están entregando sus aportes a las mesas de trabajo que se conformaron para este mismo fin, en el Observatorio de Participación y No Discriminación de la SEGEGOB.
María José Escudero, Directora Ejecutiva de Fundación Ronda, enfatiza que “El Estado debe garantizar el cumplimiento de las leyes y convenciones a las que se adscribe, como es el caso de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, ratificada en nuestro país el año 2008. Es por esto, que creemos que se debe exigir la elaboración e implementación de políticas y leyes destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, fomentando el tan anhelado cambio cultural”.
Iguales y Ronda ya están conformando una red de trabajo para este fin y hacen un llamado a que otras organizaciones e instituciones se unan, para que en conjunto puedan incidir en esta reforma e impulsarla con más fuerza dentro de los próximos años, ya que aún hay mucho por hacer y co-construir, para resguardar, sin excepción, los derechos humanos de cada persona que habita en nuestro país.
“Nos estamos movilizando, para ofrecer nuestro apoyo, porque sabemos que tenemos las capacidades técnicas, logísticas y de coordinación para poder aportar en cuanto a estas problemáticas. Queremos ir más allá y poder ofrecer nuestras redes de colaboración, para seguir construyendo un Chile más amable y más justo” finaliza María José Escudero.
