El machi Celestino Córdova depuso la huelga de hambre seca que llevaba adelante, luego de dialogar con el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, y el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, quienes se contactaron con él, vía online, al Hospital de Nueva Imperial.
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Sin embargo, se señaló que el machi continuará la huelga líquida que inició hace ya 82 días.
Según la vocera del comunero, Giovanna Tabilo, se acordó permitirle realizar ceremonia espiritual dos veces al mes, además de poder tener una visita conyugal todas las semanas, tanto para condenados como imputados cuando pase la pandemia por coronavirus.
Asimismo, se sumó la posibilidad de mantener la reja abierta que tiene separados a estos en la cárcel de Temuco, con el objetivo de permitir la libre convivencia de los comuneros mapuche, consigna la información de Radio Bío-Bío.
Cabe recordar que el machi Celestino Córdova inició su huelga de hambre el pasado 4 de mayo, pidiendo la sustitución de la pena privativa de libertad por un régimen de reclusión domiciliario total hasta el término de la pandemia ocasionada por el covid-19 en el país.
Celestino Córdova fue sentenciado a 18 años de cárcel, acusado de participar en la muerte, el 4 de enero de 2013, del empresario Werner Luchsinger y su esposa, Vivianne Mackay, quienes fallecieron en el incendio de su vivienda.
Córdova fue detenido a 1.750 metros del lugar y condenado por “incendio con resultado de muerte en carácter terrorista”.
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DIPUTADOS LO VISITARÁN
Las diputadas Claudia Mix (Comunes) y Emilia Nuyado (Partido Socialista), junto a los diputados Patricio Rosas (Unir), Boris Barrera (Partido Comunista) y Ricardo Celis (PPD), realizarán este sábado una visita a la Región de la Araucanía, con el objetivo de conocer el estado de salud del Machi Celestino Córdova y de los presos mapuche que llevan más de 80 días en huelga de hambre en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial y en la Cárcel de Angol, respectivamente.
El machi y los reos exigen que el Estado cumpla con el convenio 169 de la OIT que resguarda a los pueblos originarios y que el gobierno se niega a acatar.
A través de aquel instrumento, que fue aprobado por el Congreso Nacional en septiembre de 2009, el Estado de Chile le otorga reconocimiento a las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco del mismo Estado.
De acuerdo a los artículos 9 y 10 del referido convenio, en la medida en sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembro.
De ese modo, en los casos en que se le impongan sanciones penales establecidas en la legislación general a personas pertenecientes a pueblos indígenas y tribales, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; debiendo darse preferencia a otros tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
